La reciente promulgación de la Ley N.º 32551, que exonera a los docentes universitarios nombrados bajo la antigua Ley 23733 de cumplir con los requisitos académicos exigidos por la actual Ley Universitaria, ha reabierto un debate sensible en el país: ¿cómo equilibrar la estabilidad laboral con la calidad de la educación superior?
El Congreso ha justificado esta medida señalando la necesidad de respetar los derechos adquiridos de aquellos profesionales que ingresaron a la docencia en un contexto normativo distinto, cuando los grados académicos como la maestría o el doctorado no eran requisitos obligatorios. Desde esta perspectiva, la norma busca garantizar continuidad laboral, evitar despidos masivos y reconocer la trayectoria de docentes con décadas de servicio.
Sin embargo, el problema no radica en la defensa de los derechos laborales, sino en el mensaje que se envía sobre la exigencia académica en las universidades. La Ley Universitaria vigente fue creada precisamente para elevar los estándares de calidad, fortalecer la investigación y asegurar que los docentes cuenten con formación avanzada acorde con los retos de la educación superior moderna. Relajar estos requisitos, aunque sea de manera excepcional, podría debilitar ese objetivo.
La universidad no solo forma profesionales; forma ciudadanos críticos, investigadores y líderes. Para cumplir esa misión, se necesita un cuerpo docente altamente capacitado, actualizado y con sólidos grados académicos. En un mundo cada vez más competitivo, donde el conocimiento avanza a gran velocidad, no basta con la experiencia acumulada: también se requiere formación continua y especialización.
La ampliación del plazo de adecuación hasta diciembre de 2026 es, en ese sentido, una oportunidad que no debe desaprovecharse. Más que una prórroga cómoda, debería ser vista como un llamado urgente para que los docentes que aún no cuentan con los grados requeridos los obtengan. El Estado, por su parte, debería acompañar este proceso con políticas de capacitación, becas y facilidades reales, especialmente en las universidades públicas.
Otro aspecto que merece reflexión es la señal política que deja esta norma. En lugar de fortalecer la institucionalidad universitaria, parece ceder ante presiones corporativas. La reforma universitaria buscaba ordenar un sistema que durante años estuvo marcado por la informalidad, la baja exigencia académica y la falta de control. Retroceder, aunque sea parcialmente, puede abrir la puerta a nuevas flexibilizaciones que perjudiquen la calidad educativa.
No se trata de desconocer la experiencia de los docentes antiguos, muchos de los cuales han contribuido de manera valiosa a la formación de generaciones enteras. Pero la experiencia debe complementarse con actualización académica. La educación superior no puede estancarse en el pasado; debe mirar al futuro.
En conclusión, la Ley N.º 32551 protege la estabilidad laboral de un grupo de docentes, pero también plantea serios desafíos para la calidad universitaria. El verdadero reto no es elegir entre derechos laborales o exigencia académica, sino lograr que ambos convivan. La universidad peruana merece docentes estables, sí, pero sobre todo docentes altamente preparados para formar al país que necesitamos.