Desde el desastre ambiental ocurrido en Pampas, provincia de Pallasca, en agosto de 2024, cuando enormes cantidades de mineral líquido llegaron hasta el río Santa, hemos informado de manera constante sobre esta grave problemática. Lamentablemente, todo el proceso posterior la llegada de las autoridades, las investigaciones, los destapes sobre la minería informal y las múltiples reuniones convocadas por el Gobierno Regional de Áncash no ha conducido a ninguna solución concreta. El problema persiste y, lo que es peor, parece haberse normalizado.
Durante este tiempo se reveló cómo opera la minería informal en la zona, en condiciones precarias, sin control ambiental ni medidas de seguridad. Incluso se expuso que los trabajos de remediación en Pushaqiuilca, a cargo de Activos Mineros, estaban ligados a intereses económicos de la comunidad campesina de Pampas, lo que ponía en duda la transparencia del proceso. A pesar de ello, no hubo sanciones ni acciones firmes. Solo reuniones, discursos y promesas que nunca se tradujeron en resultados.
Más de diez reuniones de la Gerencia Ambiental del Gobierno Regional abordaron la contaminación del río Santa. Cambiaron gerentes, se elaboraron informes y se anunciaron evaluaciones, pero el río siguió recibiendo relaves y desechos sin que nadie ponga freno a esta situación. En el 2025, cinco personas fallecieron en los socavones de Pampas, víctimas de una minería informal que opera sin control, sin fiscalización y con total impunidad. La ausencia del Estado es evidente.
Sin embargo, la minería informal no es la única fuente de contaminación. Desde 2024, voces autorizadas como la del exdirector de Sedachimbote, Edilberto Ñique, han advertido sobre otro problema igual de grave: las aguas residuales que descargan directamente al río Santa las ciudades del Callejón de Huaylas, especialmente Huaraz. En enero de 2026, Ñique volvió a reiterar esta denuncia, señalando que no existen plantas de tratamiento de aguas residuales operativas; a lo mucho, hay lagunas de oxidación que resultan insuficientes.
El reciente informe de la Contraloría sobre la planta de tratamiento de Huallanca es revelador: se construyó, pero nunca funcionó. Las aguas servidas continúan vertiéndose al río sin ningún tipo de tratamiento. Esto significa que el río Santa no solo arrastra contaminación minera, sino también desechos urbanos, afectando gravemente su ecosistema.
Estamos, entonces, frente a un río enfermo, y lo más preocupante es la indiferencia de las autoridades. No existe una política clara de recuperación, ni un plan integral de saneamiento, ni decisiones firmes para frenar la contaminación. Y el problema no es menor: el agua del río Santa se utiliza para la agricultura, el consumo humano y el abastecimiento de ciudades como Nuevo Chimbote, que capta el recurso a través de la planta de San Antonio.
Ante la evidencia de una contaminación creciente, es urgente extremar las medidas de control. Como mínimo, deben realizarse monitoreos permanentes y transparentes, a cargo de los organismos competentes, para conocer el verdadero estado del agua que llega a la población. La salud pública, la seguridad alimentaria y el futuro ambiental de la región están en juego.
El río Santa no puede seguir siendo la cloaca de la minería informal ni de las ciudades sin tratamiento de aguas residuales. Se necesita voluntad política, fiscalización real y acciones concretas. De lo contrario, seguiremos lamentando desastres, muertes y un deterioro ambiental que ya es, lamentablemente, irreversible.