Por delito de peculado de uso:
El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Áncash participó en la instalación del juicio oral contra Yover Montoya Castillo, actual consejero regional por la provincia de Recuay, y Héctor Raúl Obregón Inti, exalcalde del distrito de Pira, en calidad de autores; así como contra Johon Eduardo Aguilar Cochachin, en calidad de cómplice (extraneus), por la presunta comisión del delito de peculado de uso en agravio de la Municipalidad Distrital de Pira.
La audiencia es conducida por el juez Christian Huerta Tamayo, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, instancia que evaluará los medios probatorios presentados por el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos se remontan al 26 de noviembre de 2021, cuando un vehículo oficial de placa A5P-326, marca Toyota, modelo Yaris, asignado a la Municipalidad de Pira por el PRONABI para fines estrictamente institucionales, fue intervenido por la Policía Nacional en la ciudad de Huaraz.
La intervención se produjo aproximadamente a las 20:25 horas en la avenida Raymondi, a la altura del Puente Amarillo. En esa ocasión, el vehículo era conducido por Johon Eduardo Aguilar Cochachin, quien no mantenía vínculo laboral con la comuna distrital y trasladaba a dos ciudadanas particulares. Según la tesis del Ministerio Público, el uso del vehículo habría sido autorizado por Montoya Castillo y Obregón Inti.
La Fiscalía sostiene que, si bien la unidad vehicular contaba con autorización para actividades oficiales específicamente para el pago de planillas de una obra pública en el centro poblado de Jirac, esta habría sido utilizada para fines estrictamente particulares, configurándose así el presunto delito.
Tras culminar las diligencias preliminares, el Tercer Despacho de la FECOF Áncash formuló acusación directa. En esta etapa de juicio oral, el Ministerio Público solicita pena privativa de la libertad, inhabilitación y el pago de una reparación civil a favor del Estado para cada uno de los acusados.