La reciente protesta de los pobladores de Samanco ha puesto en evidencia un problema tan grave como inaceptable: la presencia de arsénico en el agua que consume la población. No se trata de un rumor ni de una denuncia aislada. Los análisis realizados por los establecimientos de salud y la propia Red de Salud Pacífico Sur han confirmado niveles elevados de este metal pesado, altamente peligroso para la salud humana. Lo preocupante no es solo la contaminación, sino la falta de reacción oportuna de las autoridades municipales.
Según la información oficial, en el mes de mayo la Red de Salud detectó altos niveles de arsénico en los pozos que abastecen de agua a Samanco. En junio, esta situación fue comunicada formalmente al municipio distrital respectivo. Es decir, el alcalde conocía el problema. Sin embargo, lejos de activar protocolos de emergencia, solicitar apoyo a las entidades especializadas o informar a la población, optó por el silencio. Hoy, cuando los resultados médicos ya están en manos de los afectados y la indignación ciudadana se ha hecho sentir en las calles, el alcalde intenta deslindar responsabilidades alegando desconocimiento.
El arsénico no es un contaminante menor. Su presencia en el organismo, especialmente en niños, puede causar daños neurológicos, problemas renales, enfermedades dermatológicas e incluso cáncer. Por ello, la reacción ante un hallazgo de esta naturaleza debía ser inmediata. No se trata solo de una cuestión administrativa, sino de una obligación moral y legal. Los municipios son responsables de la distribución del agua para consumo humano y, por tanto, de garantizar su calidad.
La Red de Salud Pacífico Sur realizó tamizajes y evaluaciones en Samanco, Los Chimus y Huambacho durante el segundo semestre de 2025. Entre octubre y noviembre, los resultados fueron entregados a los pacientes a través de un médico internista especialista. Estos informes, que hoy generan alarma, son los que han motivado la protesta ciudadana. Pero la raíz del problema no está en la reacción del pueblo, sino en la inacción de sus autoridades.
Lo ocurrido en Huarmey, donde persisten denuncias similares sin que hasta ahora se haya identificado oficialmente la fuente de contaminación, demuestra que este no es un problema aislado. Estamos ante una amenaza ambiental que se repite en distintas zonas y que exige respuestas técnicas, políticas y sanitarias contundentes.
El alcalde de Samanco tuvo la oportunidad de actuar a tiempo. Pudo solicitar estudios complementarios, gestionar fuentes alternativas de agua, exigir la intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio del Ambiente, e informar con transparencia a la población. No lo hizo. Hoy, su pasividad lo coloca en una situación crítica frente a la ciudadanía.
La salud no puede esperar. Cada día que pasa sin una solución es un riesgo para cientos de familias. La contaminación por arsénico no se resuelve con discursos ni con evasivas. Se enfrenta con gestión, transparencia y responsabilidad.
Samanco merece respuestas claras, agua segura y autoridades comprometidas. Porque cuando el agua está contaminada, no solo se envenena el cuerpo, también se deteriora la confianza en el Estado.