La obra de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Casma es hoy el reflejo más claro de la ineficiencia del Estado y de la falta de compromiso con las necesidades básicas de la población. Un proyecto que debió estar terminado en el año 2014 continúa, once años después, sin culminarse y atrapado en la etapa del expediente técnico del saldo de obra.
La reciente alerta de la Contraloría General de la República confirma lo que los casmeños han vivido durante más de una década: desorden, improvisación y falta de planificación. El informe señala que el expediente técnico no cumple con los requerimientos mínimos exigidos por la empresa prestadora del servicio, EPS Sedachimbote, lo que ha generado constantes observaciones, reformulaciones y suspensiones del contrato.
Uno de los problemas más graves fue la mala ubicación de los pozos tubulares. Los puntos inicialmente propuestos no garantizaban la demanda necesaria de agua ni la factibilidad técnica, obligando a replantear el proyecto. Este error, lejos de ser menor, provocó una paralización de más de 180 días y retrasó aún más una obra que ya acumulaba años de abandono.
A ello se suma la falta de saneamiento del terreno. Recién en noviembre de 2025 el Gobierno Regional de Áncash inició los trámites para la transferencia del predio donde se ubicarán los nuevos pozos. Resulta inaceptable que un aspecto tan básico no haya sido resuelto antes de iniciar la consultoría, demostrando una preocupante falta de previsión.
Mientras las autoridades discuten papeles y firman actas de suspensión, la población de Casma sigue soportando un servicio de agua deficiente, cortes frecuentes y un sistema de alcantarillado obsoleto. El acceso al agua potable no es un lujo, es un derecho fundamental que sigue siendo vulnerado por la mala gestión pública.
Este caso no solo evidencia errores técnicos, sino también una profunda irresponsabilidad institucional. No se puede seguir justificando la demora con trámites administrativos o problemas contractuales. Once años de retraso no son una coincidencia, son el resultado de decisiones mal tomadas y de la ausencia de una supervisión efectiva.
La Contraloría ya ha cumplido con advertir los riesgos y exigir acciones correctivas. Ahora corresponde a las autoridades regionales asumir su responsabilidad, corregir los errores y priorizar una obra que es vital para la salud y el bienestar de miles de ciudadanos.
Casma no puede seguir esperando. La población merece respuestas, resultados y, sobre todo, una obra terminada. El tiempo de las excusas ya pasó; es momento de cumplirle a la ciudad.