Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Cada vez que ocurre un crimen que sacude al país, la misma pregunta vuelve a aparecer: ¿es momento de aplicar la pena de muerte? La reacción es entendible. El miedo, la indignación y la sensación de que el Estado no nos protege empujan a muchos peruanos a pedir sanciones más duras. Pero detenernos solo en el castigo es mirar el problema por la mitad.
Durante años, la Justicia en el Perú dejó de cumplir su rol más básico: proteger al ciudadano. Hoy, para muchos, no representa seguridad ni orden, sino frustración. Delincuentes que son capturados y liberados en cuestión de horas, procesos que se caen por errores básicos y juicios que se alargan tanto que terminan en nada. En ese contexto, el sistema no solo falla: alimenta la impunidad.
Por eso, antes de seguir discutiendo qué pena es la más severa, hay que decirlo con claridad: ninguna sanción funciona si el sistema no funciona. No sirve endurecer las leyes si el delincuente no es detenido, si el expediente se pierde o si la justicia llega cuando ya no importa. Sin un aparato judicial eficiente, cualquier castigo se vuelve un simple mensaje sin efecto real.
Ahora bien, entender el problema no significa cruzarse de brazos. La gente necesita respuestas hoy, no dentro de diez años. Frente al avance de la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, es urgente cortar los tiempos muertos que hoy juegan a favor de los delincuentes. En esa línea, se plantea con urgencia ampliar el sistema de flagrancia a delitos complejos y reforzar las Unidades de Flagrancia Express en ciudades donde la inseguridad golpea con más fuerza.
La discusión de fondo no es solo si el Perú debe aplicar la pena de muerte. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a reconstruir un sistema de justicia que actúe rápido, que no proteja al delincuente y que vuelva a ponerse del lado del ciudadano honesto. Sin orden y sin justicia real, no hay castigo que alcance.