La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la ley que permitía procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años ha generado una intensa polémica en el país. Mientras el máximo intérprete de la Constitución sostiene que la norma vulneraba tratados internacionales y principios de protección al menor, sectores vinculados a la seguridad ciudadana consideran que el fallo representa un retroceso frente a la creciente violencia criminal protagonizada por menores de edad.
El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, calificó la resolución como un “retroceso muy funesto”, advirtiendo que una mirada excesivamente garantista no contribuye a enfrentar la criminalidad. Sus declaraciones reflejan una preocupación real: cada vez es más frecuente la participación de adolescentes en delitos graves como sicariato, extorsión, robo agravado y tráfico de drogas. En muchos casos, estos jóvenes no solo ejecutan crímenes, sino que forman parte activa de organizaciones criminales.
La realidad en las calles muestra que el crimen organizado ha encontrado en los menores de edad un recurso estratégico. Saben que las sanciones son menores, que los procesos son distintos y que existe una protección especial por su condición etaria. Esto ha convertido a los adolescentes en instrumentos del delito, utilizados para cometer asesinatos, cobrar cupos o sembrar terror en barrios y ciudades.
Sin embargo, el debate no puede reducirse a una simple dicotomía entre castigo y derechos humanos. El TC no ha dicho que los adolescentes no deban ser juzgados, sino que no deben ser tratados como adultos dentro del sistema penal común ni recluidos en cárceles diseñadas para mayores de edad. El enfoque constitucional prioriza la rehabilitación y la reinserción social, principios que, en teoría, buscan evitar que el joven infractor se convierta en un criminal reincidente.
El problema es que el sistema de rehabilitación juvenil en el Perú muestra serias deficiencias. Los centros de internamiento carecen de recursos, programas efectivos y personal especializado. En lugar de espacios de resocialización, muchas veces se convierten en escuelas del delito. Sin una reforma profunda, la idea de la reinserción termina siendo más un ideal que una realidad.
Por otro lado, la ciudadanía vive con miedo. Familias enteras sufren extorsiones, asesinatos y amenazas, muchas veces ejecutadas por jóvenes armados que no superan los 18 años. Para las víctimas, resulta difícil comprender por qué quienes cometen crímenes atroces reciben sanciones más leves solo por su edad. La percepción de impunidad alimenta la desconfianza en el sistema de justicia.
La lucha contra la criminalidad juvenil no se gana únicamente con penas más duras ni con discursos garantistas. Se requiere una política integral que combine prevención, educación, oportunidades laborales, fortalecimiento familiar y un sistema de justicia juvenil firme, eficiente y orientado a la rehabilitación real.
La decisión del TC marca una ruta legal clara, pero deja un enorme desafío al Estado: demostrar que puede proteger los derechos de los adolescentes sin abandonar la seguridad de la población. Si no se fortalecen los mecanismos de control, rehabilitación y sanción efectiva, el crimen seguirá aprovechándose de la juventud vulnerable.
El país necesita soluciones equilibradas. Ni la mano dura sin estrategia, ni la indulgencia sin resultados. La seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos deben avanzar juntas, no en direcciones opuestas.