Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En Áncash, la inseguridad ya no es una percepción: es una realidad que se vive en los mercados, en el transporte público, en los barrios y en los pequeños negocios. Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma, Huaraz y varias provincias del Callejón de Huaylas sienten con fuerza el avance del delito, especialmente la extorsión, el sicariato y el robo organizado.
Según cifras oficiales del INEI, más del 80% de los peruanos se siente inseguro al caminar por su ciudad, y más de 1 de cada 4 personas ha sido víctima de algún delito en el último año. Áncash no es ajena a esta tendencia nacional. Por el contrario, en la zona costera norte de la región, la extorsión a comerciantes, transportistas y emprendedores se ha vuelto una práctica recurrente, generando miedo y paralizando la economía local.
El problema no es solo la cantidad de delitos, sino la impunidad. En el Perú, más del 90% de robos, asaltos y extorsiones no termina en una sentencia efectiva. Ese dato explica por qué el crimen avanza: delinquir sale barato. Cuando el delincuente sabe que probablemente no será castigado, el miedo cambia de bando y pasa del criminal al ciudadano.
En Áncash, esta realidad golpea especialmente a los pequeños negocios. Un emprendedor extorsionado no invierte, no contrata, no crece. Un transportista amenazado trabaja con miedo. Una familia que vive insegura limita sus actividades. La inseguridad no solo quita tranquilidad: quita empleo y oportunidades.
Durante años, se ha intentado responder a este problema con medidas parciales: más patrullajes ocasionales, estados de emergencia temporales o anuncios que no se sostienen en el tiempo. Mientras tanto, las bandas criminales se organizan mejor, usan tecnología, se financian y se expanden territorialmente.
Recuperar la seguridad ciudadana en Áncash exige algo distinto: orden, decisión y una estrategia integral.
Primero, es urgente fortalecer la presencia real del Estado. Hoy, 7 de cada 10 comisarías en el país operan con infraestructura precaria y muchas carecen de servicios básicos. Sin comisarías equipadas, sin vehículos operativos y sin tecnología moderna, no hay forma de enfrentar al crimen organizado. La seguridad no se hace con discursos, se hace con inversión inteligente.
Segundo, se necesita inteligencia y tecnología. El delito ya no es improvisado. Por eso, el uso de videovigilancia interconectada, mapas del delito, drones y sistemas de alerta temprana es clave para anticiparse al crimen y no llegar cuando ya es demasiado tarde. En regiones como Áncash, donde la geografía combina costa, sierra y zonas rurales, la tecnología puede marcar la diferencia.
Tercero, hay que romper el círculo de la impunidad. Una justicia que tarda años en sancionar equivale a no sancionar. Un sistema de flagrancia, con procesos rápidos y sentencias efectivas, envía un mensaje claro: delinquir tiene consecuencias. La ley debe proteger al ciudadano honesto, no al delincuente reincidente.
Pero la seguridad no se construye solo con mano firme. También se construye previniendo. En barrios donde el Estado no llega, el crimen recluta. Programas de deporte, cultura y empleo juvenil no son políticas “blandas”: son políticas de seguridad. Cada joven que accede a una oportunidad es un joven menos captado por la violencia.
Áncash no puede resignarse a vivir con miedo. No puede aceptar que la extorsión sea parte del “día a día” ni que la violencia sea normal. La región tiene potencial productivo, talento humano y espíritu emprendedor, pero nada de eso florece sin seguridad.
Recuperar el orden es una condición básica para el desarrollo regional.
Porque sin seguridad no hay trabajo, sin seguridad no hay inversión, y sin seguridad, Áncash no puede avanzar.