El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre el sistema de seguridad del establecimiento penitenciario de Cambio Puente, en Chimbote, no solo expone deficiencias técnicas; revela una peligrosa fragilidad institucional que pone en riesgo a la población, al personal penitenciario y al propio sistema de justicia. Lo advertido no es menor: fallas en la videovigilancia, ausencia de protocolos para objetos incautados, infraestructura deteriorada y equipos de comunicación inoperativos configuran un escenario alarmante.
Un penal sin control efectivo no es solo un problema interno del INPE. Es una amenaza latente para la seguridad ciudadana. Las cárceles no pueden convertirse en espacios donde el desorden, la improvisación y la negligencia abran la puerta a fugas, motines o actividades delictivas dirigidas desde el interior. Cuando el Estado pierde control dentro de sus propios centros de reclusión, la autoridad se debilita ante la criminalidad.
La Contraloría ha sido clara: no existe un procedimiento normado para el manejo de objetos incautados. Esto no solo afecta la trazabilidad de las pruebas, sino que abre la posibilidad de pérdida de evidencias, manipulación indebida y, en el peor de los casos, corrupción. En un país que lucha por fortalecer la transparencia y la legalidad, estas omisiones resultan inaceptables.
A ello se suman las graves deficiencias en el sistema de videovigilancia. Cámaras con imágenes congeladas, interferencias o fuera de servicio impiden el monitoreo permanente de zonas críticas. Peor aún, no existen registros documentados de mantenimiento ni constancias de revisión diaria. En la práctica, esto significa que el penal opera “a ciegas”, sin control real sobre lo que ocurre en sus áreas más sensibles.
La infraestructura tampoco ofrece garantías mínimas. Torres de vigilancia oxidadas, con filtraciones y escaleras inestables, reflejan años de abandono. La falta de iluminación funcional limita la vigilancia nocturna y expone al personal a riesgos innecesarios. La seguridad no se improvisa: se planifica, se invierte y se mantiene.
Otro punto crítico es la deficiente gestión de los equipos de comunicación. Sin inventarios actualizados ni planes de mantenimiento, la coordinación ante emergencias se vuelve precaria. En situaciones como disturbios, intentos de fuga o ingresos no autorizados, la rapidez de respuesta es vital. Cada segundo cuenta, y hoy el penal de Cambio Puente carece de las herramientas necesarias para actuar con eficacia.
Este informe debe ser una llamada de atención urgente al INPE, al Ministerio de Justicia y a las autoridades regionales. No basta con tomar nota de las observaciones; se requiere un plan de acción inmediato, con presupuesto, plazos y responsables claros. La seguridad penitenciaria no puede seguir siendo tratada como un asunto secundario.
Chimbote, como muchas ciudades del país, enfrenta serios problemas de inseguridad. Permitir que el principal centro penitenciario de la zona funcione con debilidades estructurales es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias graves. La prevención siempre será más efectiva y menos costosa que reaccionar ante una tragedia.
El Estado debe recuperar el control total de sus cárceles. Un penal seguro no solo protege a la sociedad, sino que también garantiza condiciones dignas para el personal penitenciario y contribuye a la verdadera rehabilitación de los internos. Ignorar estas advertencias sería apostar, peligrosamente, por el caos. No solo se trata el de nuestra ciudad sino en la casi totalidad de establecimientos penales del país.