Mediante un fallo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema confirmó que la pesca industrial no puede realizarse en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú. Con esta decisión, el tribunal declaró infundada la demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
El tribunal ratificó que la prohibición de extraer recursos hidrobiológicos a mayor escala en estas zonas no es una norma nueva, sino que se encuentra vigente desde el año 2001 en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Según la resolución, la Constitución establece que la conservación del medio ambiente debe prevalecer sobre los intereses económicos de sectores particulares. De esta manera, el fallo cierra definitivamente un prolongado proceso judicial, siendo una sentencia definitiva e inimpugnable.
La postura de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)
Ante la difusión de la noticia, Jessica Luna, presidenta de la SNP, aclaró durante una conferencia de prensa que el gremio aún no ha recibido una notificación formal de la sentencia. No obstante, enfatizó el compromiso del sector con el Estado de derecho.
«Somos respetuosos del marco jurídico de las decisiones de la justicia en el Perú y, una vez que seamos notificados y conozcamos el contenido de este fallo, por supuesto siempre cumpliremos lo que se determina», señaló Luna.
Asimismo, la representante del gremio explicó que el cuestionamiento de la SNP no se centraba en la viabilidad de la pesca en zonas específicas como Paracas, sino en un debate sobre la jerarquía normativa.
Luna precisó: «Acá no se están pronunciando sobre la viabilidad o no de actividades pesqueras. Lo que se ha cuestionado es la legalidad de un instrumento de menor jerarquía que la ley». Según la SNP, el proceso buscaba discutir si una directiva administrativa podía estar por encima de lo dispuesto en una ley nacional.
Impacto y protección ambiental
El fallo refuerza la autoridad del Sernanp para gestionar estos espacios y asegura que las ANP se mantengan como zonas de investigación, conservación y uso sostenible para comunidades locales. Para la justicia peruana, estas áreas cumplen una función crítica en la seguridad alimentaria y la biodiversidad, protegiendo los ecosistemas marinos frente a la presión de la explotación a gran escala.