La decisión del Consejo Provincial de Salud, a través de la Municipalidad Provincial del Santa, de establecer medidas frente a la contaminación por arsénico en Samanco constituye un paso necesario, aunque todavía insuficiente, frente a un problema que amenaza directamente la salud pública y el futuro ambiental de la provincia. El hecho de que la Red de Salud Pacífico Sur haya confirmado la presencia de metales pesados en la fuente de agua utilizada por la población no puede ser tomado como una alerta más ni quedar reducido a la conformación de comisiones y a diagnósticos que se prolonguen en el tiempo.
La contaminación por metales pesados no es un fenómeno nuevo en nuestra región. Desde estas páginas hemos advertido reiteradamente sobre el deterioro ambiental del río Santa, un afluente vital que arrastra residuos contaminantes desde las zonas altas hasta la costa, afectando ecosistemas, actividades productivas y, sobre todo, la salud de miles de ciudadanos. Samanco no es un caso aislado, sino una manifestación más de un problema estructural que ha sido postergado por años ante la falta de decisiones firmes y coordinadas.
Resulta positivo que el Consejo Provincial de Salud haya reconocido la gravedad del escenario y haya ratificado la conformación de una comisión especial. Sin embargo, la urgencia del caso exige ir mucho más allá. La presencia de arsénico y otros metales pesados en el agua de consumo humano representa un riesgo especialmente grave para niños, gestantes y adultos mayores, con consecuencias que pueden ser irreversibles. Aquí no basta con analizar ni proponer: se requiere actuar con prontitud, transparencia y responsabilidad.
Las autoridades locales y provinciales tienen un rol fundamental, pero no pueden ni deben enfrentar solas esta problemática. Es indispensable que el Gobierno Regional de Áncash y el Gobierno Central asuman su responsabilidad, destinando recursos técnicos y económicos para garantizar el acceso inmediato a agua segura, implementar sistemas de tratamiento adecuados y realizar un monitoreo permanente de la calidad del agua. Asimismo, deben identificarse y sancionarse las fuentes de contaminación, sean estas actividades mineras formales, informales o pasivos ambientales abandonados.
La salud pública no admite dilaciones. Cada día que pasa sin una intervención integral es un día en el que se expone a la población a daños silenciosos pero profundos. La experiencia nos ha demostrado que cuando los problemas ambientales se minimizan o se politizan, los costos los termina pagando la ciudadanía más vulnerable.
Por ello, saludamos la decisión adoptada por el Consejo Provincial de Salud, pero insistimos en que esta debe ser solo el inicio de una respuesta mucho más amplia y sostenida. Todas las autoridades, sin excepción, deben involucrarse de manera activa y coordinada. La contaminación por metales pesados en Samanco y en la cuenca del río Santa no puede seguir siendo una noticia recurrente sin soluciones reales. Está en juego la salud de la población y el derecho fundamental a vivir en un ambiente sano, un derecho que el Estado está obligado a garantizar.