Las intensas lluvias que vienen afectando a gran parte de la región han vuelto a poner en jaque la conectividad vial, la seguridad de la población y la capacidad de respuesta de las autoridades. Derrumbes, lodo, piedras y deslizamientos han interrumpido carreteras nacionales y vías locales, dejando aisladas a comunidades enteras y dificultando el transporte de personas, alimentos y productos. Frente a este escenario, el Ejecutivo ha declarado en estado de emergencia a 28 distritos de nuestra región, cinco de ellos pertenecientes a la provincia del Santa. La medida es necesaria, pero no suficiente.
La experiencia demuestra que cada temporada de lluvias intensas trae consigo los mismos problemas: carreteras colapsadas, pueblos incomunicados, pérdidas económicas y, en los peores casos, víctimas humanas. El reciente bloqueo de la carretera Santa–Chuquicara, que permaneció interrumpida durante dos días por deslizamientos de lodo y rocas, es una muestra clara de la fragilidad de nuestra infraestructura vial frente a los fenómenos naturales. No se trata de hechos aislados, sino de una situación recurrente que evidencia la falta de mantenimiento preventivo y de planes de contingencia eficaces.
La declaratoria de emergencia permite agilizar la ejecución de acciones inmediatas, como la limpieza de vías, la atención de zonas afectadas y la movilización de recursos. Sin embargo, también debe ser una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de una verdadera política de prevención. No basta con reaccionar cuando el daño ya está hecho. Es imprescindible identificar los puntos críticos, reforzar taludes, mejorar el drenaje pluvial y garantizar que las carreteras cuenten con mantenimiento permanente, especialmente en zonas de alto riesgo.
El llamado a “estar alertas” no debe quedarse solo en la población. Las autoridades locales, provinciales y regionales tienen la obligación de anticiparse a los eventos climáticos, sobre todo cuando los informes meteorológicos advierten que las lluvias podrían recrudecer e incluso intensificarse en los próximos días. La prevención salva vidas y reduce pérdidas. La improvisación, en cambio, las multiplica.
Además, es fundamental que la coordinación entre los gobiernos locales, el Gobierno Regional, Indeci y los ministerios involucrados sea efectiva y transparente. La emergencia no puede convertirse en un simple trámite administrativo ni en una excusa para justificar la inacción previa. Los recursos deben utilizarse con rapidez, pero también con responsabilidad, priorizando las zonas más vulnerables y las vías estratégicas para la región.
Nuestra geografía es compleja y los fenómenos meteorológicos seguirán siendo parte de nuestra realidad. Lo que sí puede cambiar es la forma en que enfrentamos sus consecuencias. Convertir la emergencia en una oportunidad para fortalecer la gestión del riesgo, mejorar la infraestructura y proteger a la población es una tarea impostergable.
Hoy más que nunca, la región necesita autoridades previsivas, carreteras seguras y una ciudadanía informada. Porque cuando la naturaleza golpea, la diferencia entre el caos y la resiliencia está en la preparación.