Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República señala 9 ex – funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa como responsables de un perjuicio de más un millón setecientos mil soles por el proyecto de agua y alcantarillado del centro poblado de Motocachy, cuya obra esta abandonada. Se incluyen a funcionarios de dos gestiones municipales la anterior y la actual.
Según el documento del órgano de control los funcionarios de la MPS evaluaron, otorgaron conformidad y aprobaron expediente técnico con deficiencias; convocaron procedimiento de selección e iniciaron ejecución de obra en propiedad de terceros, sin contar con disponibilidad física del terreno. En otras palabras, en el expediente técnico no se había gestionado la disponibilidad del terreno que pertenecía a terceros.
Las nueve personas implicadas según la Contraloría son Santos Alonso Apolinar Rojas, sub gerente de Proyectos y Estudios Técnicos(Gestión 2019 – 2022); Jefferson Jorge Pastor Araico, sub gerente de Proyectos y Estudios Técnicos (Gestión 2019 – 2022); Wilmer Arnold Loyaga Vera, primer miembro titular del comité de selección del procedimiento de selección licitación pública N.° 022-2022-MPS (Gestión 2019 – 2022); Adán Alberto Vernal Prieto, identificado con DNI segundo miembro titular del comité de selección del procedimiento de selección (Gestión 2019 – 2022); Jesús Rafael Rodríguez Fuentes, presidente titular del comité de selección reconformado del procedimiento de selección licitación (Gestión 2019 – 2022).
Además Héctor Gilberto Falcón Jara, gerente de Infraestructura; Eder Esau Jara Iparraguirre, sub gerente de Obras Públicas; Carlos Alberto Comesaña Verástegui, Inspector de obra; Erick Gastón Ayala Oré, sub gerente de Obras Públicas. Estos cuatro de la actual gestión, pero ninguno de los 9 trabaja actualmente en la comuna provincial.
El proyecto “Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado del C.P. Motocachy en el distrito de Nepeña, provincia de Santa, departamento de Áncash – CUI N° 2498048”, con una inversión de S/ 3,486,143.00 para ejecutarse en el plazo de doscientos setenta (270) días.
Se otorgó la buena pro el 2 de noviembre de 2022 al Consorcio Santa Rosa conformado por las empresas Corporación Alhe Contratistas Generales SAC con RUC n.° 20542125421 y Yaev EIRL con RUC n.° 20571135885, y con quien suscribió el contrato n.° 124-2022-GM-MPS de 28 de noviembre de 2022 por la suma de S/3 486 143.00.
El comité de selección en la etapa de admisión, rechazó oferta de postor por error material subsanable; además, se designó a inspector que no cumplía con experiencia para el cargo; estos hechos ocasionaron la paralización de la obra y que esta no cumpla con los objetivos del proyecto, en favor de la población del Centro Poblado Motocachy, lo que generó perjuicio económico de S/1 768 493,15; así como, afectó la competencia y legalidad que rigen las contrataciones públicas.
Según el Invierte.pe – Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, se comprobó que el 17 de setiembre de 2020 se viabilizó el proyecto de que tuvo como justificación y objetivo “Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en el C.P. Motocachy del distrito de Nepeña”.
En la actualidad la población, según la información del órgano de control, viene usando servicios en una hora diaria de agua y de mala calidad. Se podría decir que este tipo de servicio se presenta por que la captación del agua lo hacen de un puquio o manantial subterráneo y sus líneas de captación, impulsión y distribución datan de más de 30 años de antigüedad por lo cual presentan rupturas y malos empalmes, haciendo que el agua sea insuficiente y de mala calidad. La Localidad de Motocachy cuenta con dos reservorios de capacidad de 27 m3 y 18 m3 totalmente deteriorados que tienen más de 30 años, y no cuenta con redes de distribución en la mayoría del Centro Poblado.
Finalmente, la Contraloría recomienda al titular de la Municipalidad Provincial del Santa realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría. A la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República recomienda iniciar las acciones civiles contra los involucrados.