Las recomendaciones de sanción formuladas por la Contraloría General de la República frente a dos obras de saneamiento básico abandonadas en pueblos rurales no pueden quedar, una vez más, archivadas en el terreno de las buenas intenciones. Se trata de proyectos esenciales para la vida digna de comunidades que históricamente han sido postergadas y que hoy, además de la pobreza estructural, cargan con el peso de la negligencia y la irresponsabilidad de exfuncionarios públicos.
En solo 22 días hemos revelado en nuestras paginas que 19 exfuncionarios municipales —10 de la Municipalidad Distrital de Huallanca y 9 de la Municipalidad Provincial del Santa— han sido señalados por el órgano de control por responsabilidades penales y civiles vinculadas a obras de saneamiento inconclusas, paralizadas o mal ejecutadas. No estamos hablando de simples errores administrativos, sino de decisiones que comprometieron recursos públicos por cerca de nueve millones de soles y, lo más grave, afectaron directamente el derecho al agua y al saneamiento de poblaciones rurales.
El caso de Huallanca resulta especialmente indignante. Una planta de tratamiento de aguas residuales que nunca funcionó fue recepcionada como si estuviera operativa. Diez exfuncionarios deberán responder penalmente por haber validado una obra inexistente en la práctica. Este tipo de actos no solo evidencia una absoluta falta de ética, sino también una peligrosa normalización de la corrupción y la incompetencia en la gestión pública.
No menos grave es lo ocurrido en el centro poblado de Motocachy, donde una obra de mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado se inició sobre terrenos que pertenecían a terceros. Nueve exfuncionarios de la Municipalidad Provincial del Santa cargan con responsabilidad civil por permitir un hecho que en cualquier manual básico de obras públicas resulta inadmisible. El resultado es una obra paralizada, dinero inmovilizado y una comunidad que sigue esperando un servicio básico.
La Contraloría ha cumplido con su rol al identificar responsabilidades y recomendar sanciones. Ahora le corresponde al Ministerio Público actuar con celeridad y firmeza. Sin sanciones reales, duras y ejemplares, estos informes seguirán repitiéndose año tras año, mientras las comunidades rurales continúan viviendo sin agua potable ni sistemas adecuados de alcantarillado.
El abandono de la obra de saneamiento en Casma, paralizada por más de una década, refuerza esta amarga lección. Aunque hoy el Gobierno Regional haya asumido la responsabilidad de culminarla, el daño ya está hecho. El tiempo perdido, los recursos malgastados y la afectación a la salud pública no pueden quedar sin responsables.
Solo cuando la impunidad deje de ser la regla y las sanciones se apliquen con rigor, las obras públicas dejarán de ser sinónimo de abandono y corrupción. El saneamiento básico no es un lujo: es un derecho fundamental. Y vulnerarlo, por acción u omisión, debe tener consecuencias.