El arenamiento de los muelles ubicados en la zona industrial del 27 de Octubre es hoy una de las expresiones más claras de cómo la falta de decisiones oportunas y de una gestión integral del territorio termina convirtiendo un problema técnico en una amenaza económica y social. La reciente declaratoria de emergencia en esta zona no es un hecho fortuito ni exagerado: es la consecuencia de más de un año de reuniones, diagnósticos y advertencias que no se tradujeron en acciones concretas.
El muelle del SIMA Chimbote es, sin duda, el más afectado por este fenómeno. Su ubicación cercana a la desembocadura del río Lacramarca lo expone directamente al arrastre constante de sedimentos que, con el tiempo, han reducido de manera crítica la profundidad necesaria para la navegación segura. Este problema no solo compromete las operaciones del astillero estatal, sino que pone en riesgo toda la dinámica productiva vinculada a la actividad portuaria en la zona industrial, con impacto directo en el empleo y en la economía local.
El río Lacramarca, que en épocas normales transporta aguas de rebose de los campos de cultivo, se convierte durante la temporada de lluvias en un canal de descarga de grandes volúmenes de lodo, arena y palizada. Estos materiales llegan al mar y, por efecto de las corrientes y el movimiento de las olas, terminan depositándose precisamente frente a los muelles del 27 de Octubre. El resultado es previsible: arenamiento progresivo, pérdida de calado y creciente dificultad para el ingreso y salida de embarcaciones.
Lo más preocupante es que este escenario ha sido advertido desde hace tiempo. Las reuniones técnicas y multisectoriales se han sucedido durante más de un año, con la participación de autoridades locales, entidades del Gobierno central y organismos técnicos. Sin embargo, la ausencia de una respuesta efectiva evidencia una peligrosa desconexión entre el reconocimiento del problema y la toma de decisiones. Mientras los expedientes se revisaban y las competencias se discutían, el lodo seguía acumulándose.
La declaratoria de emergencia llega, por tanto, como una medida necesaria, pero tardía. Necesaria porque abre la posibilidad de asignar recursos extraordinarios y ejecutar acciones inmediatas como el dragado y la extracción de sedimentos. Tardía porque, de haberse actuado antes, se habría evitado que el problema alcance el nivel crítico actual. La emergencia no debe convertirse en una excusa para intervenciones parciales o improvisadas, sino en el punto de partida para una solución integral y sostenible.
Es indispensable entender que el arenamiento de los muelles no se resolverá únicamente con dragados periódicos si no se interviene de manera seria en la desembocadura del río Lacramarca. Mientras no se controle el flujo de sedimentos y no se concluyan adecuadamente las obras pendientes en el cauce del río, el problema se repetirá una y otra vez. La gestión debe ser preventiva y no reactiva.
La zona industrial del 27 de Octubre es estratégica para la ciudad y para la región. La emergencia declarada debe marcar un antes y un después: menos reuniones estériles y más decisiones firmes, técnicas y responsables. El tiempo, y el lodo, no esperan.