El informe de la Contraloría General de la República sobre el Hospital Especializado de EsSalud en Nuevo Chimbote confirma, una vez más, una verdad incómoda pero reiterativa: estamos frente a funcionarios públicos que no dominan la gestión pública ni la normatividad vigente vinculada a las obras de gran envergadura. Esa falta de capacidad técnica y administrativa termina convirtiéndose en el principal obstáculo para que proyectos fundamentales avancen, se consoliden y cumplan su finalidad social. En muchos casos, como este, los proyectos se entrampan, se diluyen en el tiempo o quedan en el olvido.
La Contraloría ha sido clara al advertir que EsSalud no está cumpliendo con las últimas actas contractuales suscritas con el concesionario. Las actividades y los cronogramas no se encuentran alineados con las condiciones necesarias para lograr el cese de la suspensión contractual vigente desde el 11 de noviembre del 2024. Esta situación mantiene paralizado un proyecto que debería ser prioritario para la región Áncash, considerando el colapso del actual Hospital III y la creciente demanda de atención especializada.
El contrato para la construcción del Hospital Especializado fue firmado con solemnidad en Palacio de Gobierno el 3 de julio del 2024. Se estableció un plazo de un año para la elaboración del expediente técnico, dos años para la ejecución de la obra y diecisiete años de concesión para la operación de diversos servicios internos del nosocomio. El esquema, sobre el papel, parecía sólido y prometedor. Sin embargo, la realidad demostró que se avanzó sin haber resuelto aspectos básicos y elementales.
Apenas cuatro meses después de firmado el contrato, el cronograma quedó suspendido al descubrirse que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), había observado la altura del edificio principal por su cercanía al aeropuerto. Un error que nunca debió ocurrir si se hubiera realizado una evaluación técnica previa y responsable. Recién en noviembre del 2025, con la emisión de la resolución correspondiente, la DGAC otorgó la luz verde para la construcción del hospital, cerrando así un capítulo que costó más de un año de retraso.
Cuando todo indicaba que el proyecto podría finalmente reactivarse, surgió un problema aún más grave y revelador: los terrenos donde se construirá el Hospital Especializado y el Policlínico de Complejidad Creciente no están saneados física ni legalmente. La documentación incompleta y las superposiciones detectadas impiden concluir el cese de la suspensión contractual y obligan, incluso, a reiniciar trámites que debieron culminar entre octubre y noviembre del 2025. Hoy, nadie puede asegurar cuánto tiempo más tomará resolver estos procedimientos.
Esta cadena de errores no es producto del azar ni de factores externos inevitables. Es consecuencia directa de la improvisación, la falta de planificación y la ineficiencia de los responsables de EsSalud. Mientras tanto, miles de asegurados continúan hacinados en un hospital colapsado, con infraestructura obsoleta y servicios básicos deficientes. El Hospital Especializado sigue siendo una promesa lejana, atrapada entre papeles mal hechos y decisiones mal tomadas. Y esa es, quizás, la mayor deuda que el Estado mantiene hoy con la salud de los asegurados de Áncash.