La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó una sentencia en contra de Arturo Fernández Bazán, imponiéndole un año y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de la presunta difamación en agravio de Víctor Burgos Mariños.
Con esta decisión judicial, queda firme la condena dictada en primera instancia, la cual establece además las consecuencias legales correspondientes. Ante el caso, podría incluso tener restricciones para Fernández Bazán sobre su postulación a cargos públicos, conforme a la normativa vigente.
La resolución ratifica el criterio del órgano jurisdiccional respecto a que las expresiones emitidas por el sentenciado excedieron los límites de la libertad de expresión y vulneraron el honor del denunciante.
Este fallo marca un nuevo capítulo en el proceso judicial seguido contra el exalcalde y vuelve a poner en debate la responsabilidad legal de los funcionarios y exautoridades en el uso de la palabra en espacios públicos.