Que una obra pública figure como “terminada”, haya sido entregada formalmente y esté en funcionamiento no significa, necesariamente, que cumpla con los estándares mínimos de calidad, seguridad y servicio para los que fue concebida. El caso del colegio Antonio Raimondi, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Casma, vuelve a poner sobre la mesa una práctica preocupante: cerrar proyectos en el papel mientras en la realidad se arrastran deficiencias graves que afectan directamente a la comunidad educativa.
El propio director de la institución ha denunciado múltiples falencias en la infraestructura, lo que resulta especialmente alarmante si se considera que se trata de un colegio que alberga diariamente a niños y adolescentes. Cuando quien administra el plantel y convive a diario con la obra levanta la voz, no estamos ante simples observaciones menores, sino frente a problemas que comprometen el normal desarrollo de las labores educativas y, potencialmente, la seguridad de los estudiantes.
La ampliación de las investigaciones dispuesta por la Fiscalía Anticorrupción confirma que no se trata de cuestionamientos antojadizos ni de ruido político. Por el contrario, revela que existen indicios que ameritan un análisis más profundo sobre cómo se ejecutó la obra, cómo se supervisó y bajo qué criterios se dio por concluida y entregada. En otras palabras, la justicia busca determinar si hubo responsabilidades penales en un proyecto que, pese a su millonaria inversión, presenta serias deficiencias.
Este escenario deja en evidencia una falla estructural en la gestión de obras públicas. No basta con cortar cintas, inaugurar locales y presentar informes de culminación. Una obra educativa debe garantizar condiciones adecuadas de funcionalidad, durabilidad y seguridad. Cuando esto no ocurre, el perjuicio no es abstracto: recae directamente sobre los alumnos, los docentes y los padres de familia, quienes terminan pagando el costo de una mala ejecución.
La Municipalidad Provincial de Casma, como unidad ejecutora, tiene una responsabilidad política y administrativa que no puede eludir. Más allá de lo que determinen las investigaciones fiscales, corresponde explicar por qué una obra declarada concluida presenta observaciones significativas y qué acciones se han tomado si es que se han tomado para corregirlas. El silencio o la indiferencia solo alimentan la desconfianza ciudadana.
Es positivo que la Fiscalía haya decidido ampliar el plazo de investigación. En un contexto donde demasiadas obras públicas quedan inconclusas, paralizadas o mal ejecutadas, avanzar hasta las últimas consecuencias es una señal necesaria. La lucha contra la corrupción y la mala gestión no se agota con informes; requiere sanciones cuando corresponda y, sobre todo, cambios reales en la forma de ejecutar y supervisar los proyectos.
El colegio Antonio Raimondi debe ser un espacio de aprendizaje digno, no un símbolo de cómo se normaliza la mediocridad en la inversión pública. Una obra que funciona a medias no es una obra bien hecha. Y mientras las deficiencias persistan, la deuda con la educación de Casma seguirá abierta.