Por: Walter Miguel Quito Revello
En Jimbe, perteneciente al distrito de Cáceres del Perú parte alta del valle, se detectó plomo y arsénico. En el distrito de Samanco, en la costa, lo mismo: plomo y arsénico. No es casualidad. No es un error de laboratorio. Es una línea continua de contaminación, del cerro al mar. Y frente a esta evidencia elemental, surge la pregunta que cualquier ciudadano con dos dedos de frente se hace: ¿Cómo estará el distrito de Moro? ¿Cómo estará el distrito de Nepeña? Si el agua nace contaminada y desemboca contaminada, solo un ciego o un mentiroso puede afirmar que el valle está sano.
Los alcaldes distritales del valle conocen el problema. Lo saben. Lo han leído. Lo han escuchado. Pero callan. No convocan cabildos. No exigen análisis serios. No piden intervención sanitaria. Gobiernan territorios donde el arsénico y el plomo circulan, pero prefieren administrar el silencio. Quizá porque denunciar incomoda. Quizá porque preguntar molesta. Quizá porque es más rentable no ver.
Los alcaldes del Valle de Nepeña no dicen nada. Ni un pronunciamiento, ni una exigencia conjunta, ni una mínima defensa de la salud pública. Cuando se trata de fiestas patronales, están todos. Cuando se trata de niños expuestos a metales pesados, desaparecen. Así se gobierna hoy: con silencio institucionalizado.
El presidente regional de Áncash sigue bien gracias. Ni emergencia ambiental. Ni plan regional de atención. Ni fiscalización real. ¿Para qué sirve un gobierno regional si no puede reaccionar cuando el agua, la tierra y los cultivos están bajo sospecha?
Y los congresistas por Áncash, como siempre, callados. No fiscalizan. No investigan. No incomodan a nadie. Eso sí, cuando hay campaña, todos dicen “defender a la región”. Pero cuando la región se envenena lentamente, no levantan la voz. La minería no se toca, los niños sí.
Fiscalía Ambiental y OEFA: los fantasmas del Estado. Y aquí viene la parte más obscena: la Fiscalía Ambiental y el OEFA, que se supone existen para estos casos, no existen en la práctica. No hay investigaciones visibles. No hay imputados. No hay medidas cautelares. No hay sanciones ejemplares. ¿Para qué sirven si Cáceres del Perú (Jimbe) y Samanco ya dieron positivo a plomo y arsénico y nadie responde penal ni administrativamente? ¿Están esperando que aparezcan niños con cáncer para recién “abrir diligencias”? ¿O su función real es archivar, dilatar y proteger al contaminador?
Aquí está el fondo del asunto: la minería no se cuestiona, aunque contamine. La salud pública se posterga, aunque el daño sea irreversible. El plomo reduce capacidades cognitivas. El arsénico enferma y mata en silencio. En los niños, el daño no se corrige. Pero en Áncash, parece que proteger intereses pesa más que proteger vidas.
Para la foto y la charla sí; para la acción, nunca. Eso sí: para dar charlas, ahí sí aparecen. Para sentarse en mesas de trabajo, ahí sí llegan puntuales. Para mostrar diapositivas, cronogramas y dibujitos, ahí sí son expertos. Pero para cerrar focos contaminantes, nada. Para garantizar agua limpia, nada. Para proteger de verdad a los niños, nada. Los niños no entienden de PowerPoint, ni de cronogramas, ni de marcos normativos, ni de leyes que nunca se cumplen. Los niños y el pueblo entienden de una sola cosa: agua limpia o agua envenenada. Y hoy, en Áncash, lo que están recibiendo es agua bajo sospecha.
Cuando todos callan, el veneno avanza. El periodismo ya habló. La evidencia está ahí. La geografía no miente. Lo que falta no es información. Falta coraje. Porque cuando los alcaldes callan, cuando el presidente regional calla, cuando los congresistas, callan cuando fiscales ambientales callan, cuando la OEFA calla, el arsénico no calla. El plomo no calla. Y las consecuencias tampoco.