Que una gestante haya dado a luz en el suelo del Hospital de Yungay un establecimiento moderno, recientemente inaugurado e implementado y llamado a ser referente en la zona no es solo un hecho lamentable: es una afrenta directa a la dignidad humana y una muestra brutal de cómo la desidia puede anular cualquier inversión en infraestructura y equipamiento. Las imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa a una joven madre cargando a su recién nacida tras haber parido en el piso de un pasillo, han causado una comprensible indignación colectiva. Son imágenes que duelen, que avergüenzan y que interpelan a todo el sistema de salud.
Es cierto, y hay que decirlo con claridad, que felizmente ni la madre ni la bebé una recién nacida de buen peso y evolución favorable sufrieron consecuencias posteriores. Pero sería un error gravísimo conformarnos con ese desenlace. La salud pública no puede depender de la suerte. Un parto sin atención médica oportuna pudo haber terminado en tragedia. No ocurrió, pero pudo ocurrir. Y eso es lo verdaderamente inaceptable.
La intervención de la Dirección Regional de Salud, que dispuso la separación del médico ginecólogo de turno, de la obstetra y del director del hospital, es una primera respuesta necesaria. La apertura de procesos administrativos y la investigación penal iniciada por el Ministerio Público también son pasos correctos. Sin embargo, estas medidas no deben quedarse en gestos reactivos frente al escándalo mediático. La población espera y exige que se llegue hasta el fondo, que se determinen responsabilidades reales y que las sanciones sean ejemplares, conforme a ley.
Este caso desnuda un problema estructural que se repite con demasiada frecuencia en distintos puntos del país: hospitales con edificios imponentes, pero sin personal comprometido; turnos cubiertos solo en el papel; autoridades que miran hacia otro lado hasta que una cámara o un celular expone la realidad. No se trata solo de la ausencia física del personal de turno, sino de una peligrosa cultura de indiferencia frente a la emergencia y al sufrimiento humano.
La salud no admite excusas. No admite retrasos, ni negligencias, ni “no estaba” como explicación. Menos aún cuando se trata de una gestante en trabajo de parto. El personal de salud, desde el médico hasta el último técnico, tiene una responsabilidad ética y profesional que va mucho más allá de un contrato o un horario. Y quienes dirigen los establecimientos tienen el deber ineludible de garantizar que esa responsabilidad se cumpla.
Lo ocurrido en Yungay debe marcar un antes y un después. No puede ser un caso más que se diluya con el paso de los días. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, y en un hospital moderno, una mujer tenga que traer al mundo a su hija en el suelo, sin asistencia, sin respeto y sin humanidad.
Que se proceda como corresponde. Que se sancione a los responsables. Pero, sobre todo, que se implementen controles reales y permanentes para que nunca más una madre tenga que vivir una escena tan desgarradora. La dignidad no es negociable, y la salud pública no puede seguir fallando de esta manera.