La Universidad Nacional del Santa (UNS) atraviesa una situación que no puede ni debe normalizarse. En los últimos años, al menos tres robos de gran magnitud se han producido en distintas escuelas profesionales, con un perjuicio económico que supera largamente los 600 mil soles. Equipos modernos computadoras, cámaras, drones y material tecnológico adquirido con recursos públicos han desaparecido de ambientes universitarios sin que hasta hoy se conozcan responsables ni sanciones ejemplares. Esta realidad no solo indigna: revela una alarmante debilidad institucional en materia de seguridad y gestión.
Resulta paradójico que estos hechos ocurran en una universidad que cuenta con infraestructura moderna, laboratorios bien equipados y tecnología de punta, financiados en gran parte gracias al canon minero que recibe la UNS. Son recursos que provienen del esfuerzo de todos los peruanos y que tienen como finalidad cerrar brechas educativas, mejorar la formación profesional y fortalecer la investigación. Sin embargo, esa inversión parece diluirse cuando los equipos salen por las puertas del campus como si se tratara de una tierra de nadie.
Los robos no son hechos aislados ni fortuitos. Se repiten en el tiempo, en diferentes facultades y, significativamente, durante periodos de receso académico, cuando la vigilancia debería reforzarse. Que en estas circunstancias se sustraigan bienes voluminosos y costosos sin que nadie vea, escuche o registre nada, obliga a plantear preguntas incómodas pero necesarias: ¿existe realmente un sistema de seguridad efectivo?, ¿se controla el ingreso y salida de personas y vehículos?, ¿hay cámaras operativas y protocolos claros?, ¿o simplemente se confía en la suerte?
La comunidad universitaria ha expresado su malestar y desconfianza. Docentes, estudiantes y trabajadores coinciden en que la seguridad “hace agua” y que la respuesta de las autoridades ha sido tardía, insuficiente o inexistente. A ello se suma el silencio institucional frente a investigaciones que, al menos públicamente, no han arrojado resultados concretos. La ausencia de información solo alimenta la percepción de desorden, negligencia o desinterés.
Más allá del daño económico, estos robos afectan directamente la calidad educativa. Cada computadora robada es una herramienta menos para la enseñanza; cada equipo perdido es una oportunidad truncada para la formación de los estudiantes. No se trata solo de cifras, sino de consecuencias reales para una universidad que debería ser ejemplo de organización, transparencia y cuidado del patrimonio público.
La UNS necesita pasar de las explicaciones a las acciones concretas. Es urgente implementar controles estrictos, modernizar y supervisar el sistema de vigilancia, establecer responsabilidades claras y, sobre todo, rendir cuentas. La autonomía universitaria no puede ser sinónimo de impunidad ni de desidia administrativa.
Si los robos continúan ocurriendo año tras año, el problema ya no es la delincuencia externa, sino la falla interna de gestión. La Universidad Nacional del Santa no puede permitir que la modernidad de sus edificios contraste con la precariedad de su seguridad. Defender el patrimonio universitario es defender la educación pública. Y eso no admite más excusas.