La reciente intervención del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción (DEPDICC) de la Policía Nacional al alcalde del centro poblado de Cambio Puente, Alejandro Castillo Yamunaque, por el presunto delito de peculado de uso, no es un hecho aislado ni fortuito. Es, por el contrario, la confirmación de un patrón de conducta que se repite en el tiempo y que refleja un grave problema: la normalización del uso indebido de los bienes públicos y la peligrosa sensación de impunidad con la que actúan algunas autoridades locales.
El hecho concreto es claro y preocupante. Una camioneta oficial de la municipalidad fue hallada un sábado por la tarde, fuera del horario laboral, estacionada en una zona comercial de Chimbote y presuntamente utilizada para fines particulares. No se trata de un error administrativo menor ni de una “confusión”. El uso de un bien del Estado para fines personales constituye un delito tipificado, y más aún cuando quien lo comete es la máxima autoridad del centro poblado, llamado precisamente a dar el ejemplo.
Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es que este episodio no ocurre en el vacío. El alcalde Castillo Yamunaque arrastra antecedentes graves que hasta hoy no han sido esclarecidos. En marzo de 2024, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar declarada compleja por el presunto delito de peculado doloso, tras el retiro de 100 mil soles de las cuentas de la municipalidad, en el Banco de la Nación, dinero que fue retirado apenas días después de un depósito realizado por la empresa Transmantaro. Hasta la fecha, ese monto no ha sido debidamente sustentado ni se ha rendido cuentas claras al pleno del concejo ni a la población.
Han pasado meses, incluso años, y las investigaciones fiscales continúan sin un resultado concreto. Las carpetas existen, los documentos han sido solicitados, las diligencias se han anunciado, pero el desenlace no llega. Mientras tanto, la gestión municipal sigue su curso como si nada hubiera ocurrido, y el alcalde continúa ejerciendo el cargo sin mayores restricciones, reforzando la percepción de que en Cambio Puente la ley avanza lentamente… demasiado lentamente.
Esta situación no solo debilita la institucionalidad municipal, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos. Los vecinos de Cambio Puente y sus anexos tienen derecho a saber qué ocurrió con el dinero público, a exigir explicaciones y, sobre todo, a ver que las autoridades encargadas de administrar justicia cumplan su rol con firmeza y celeridad. La lucha contra la corrupción no puede quedarse en comunicados, operativos aislados o investigaciones eternas que no concluyen en sanciones.
La intervención policial del último fin de semana debería marcar un punto de quiebre. No basta con detener, investigar y luego dejar que el tiempo diluya la indignación ciudadana. El Ministerio Público tiene la obligación de cerrar las investigaciones pendientes, emitir pronunciamientos claros y, de corresponder, formular acusaciones ejemplares. De lo contrario, el mensaje será devastador: que en los centros poblados el poder puede usarse como propiedad privada, y que los bienes del Estado siguen siendo vistos como botín.
Cambio Puente no necesita autoridades que confundan el cargo con un privilegio personal. Necesita transparencia, rendición de cuentas y justicia. Porque cuando la impunidad se vuelve costumbre, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en norma.