El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre el estado de los cuerpos de bomberos en Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Huarmey no solo enciende una alarma administrativa, sino que desnuda una realidad tan grave como vergonzosa: quienes arriesgan su vida para salvar la de los demás lo hacen en condiciones precarias, con equipos obsoletos y vehículos que muchas veces no están a la altura de una emergencia.
Según los informes del órgano de control, varias compañías de bomberos de la costa de Áncash cuentan apenas con una o dos unidades vehiculares operativas, mientras el resto permanece inservible, obsoleta o a la espera de ser dada de baja. En algunos casos, los vehículos no tienen placa, tarjeta de propiedad, inspección técnica ni mantenimiento preventivo, exponiendo no solo a los bomberos, sino también a la propia institución a sanciones y multas. ¿Cómo se puede responder de manera eficaz a un incendio, un accidente de tránsito o un desastre natural en estas condiciones?
La situación es aún más preocupante cuando se revisan los equipos de auxilio médico. Ambulancias con insumos vencidos, como gasas, sueros, cánulas o guantes quirúrgicos, revelan una cadena de desidia que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La emergencia no espera, y un insumo caducado no es un detalle menor: es una amenaza directa a la atención oportuna y segura de las víctimas.
A ello se suma el estado crítico de los Equipos de Protección Respiratoria Autónoma (EPRA), indispensables para ingresar a zonas con humo o gases tóxicos. En Chimbote, menos de la mitad de estos equipos se encuentra en buen estado, mientras que en Casma la mayoría requiere mantenimiento urgente. Más alarmante aún es que los equipos de protección personal cascos, chaquetas, pantalones y botas superan en muchos casos los 15 años de antigüedad, muy por encima de los estándares de seguridad recomendados.
Este panorama no es nuevo. Es el resultado de años de abandono, indiferencia y una peligrosa normalización de la precariedad. Los bomberos en el Perú son, en su mayoría, voluntarios. No cobran sueldo, pero sí pagan con su tiempo, su esfuerzo y, muchas veces, con su propia seguridad. Frente a ello, el Estado y los gobiernos locales parecen haber olvidado que invertir en bomberos no es un gasto, sino una obligación básica y una inversión en protección civil.
La Contraloría ha cumplido su rol al advertir estas deficiencias. Ahora la responsabilidad recae en las autoridades locales, regionales y nacionales. Municipios que celebran aniversarios y anuncian obras, pero que no priorizan la seguridad ciudadana real, aquella que comienza cuando suenan las sirenas y cada segundo cuenta.
Si ocurre una tragedia mayor un incendio de grandes proporciones, un sismo o un accidente masivo no bastarán las disculpas ni los comunicados de ocasión. El abandono ya está documentado. Ignorarlo sería, también, una forma de responsabilidad. Porque cuando los bomberos están desprotegidos, la población entera lo está.