Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) cumplen un rol fundamental en las zonas rurales del país. Son, en la práctica, la primera línea de gestión del agua potable y del saneamiento básico, una tarea vital para la salud pública. Sin embargo, su función no es ni debe ser solitaria. La normativa es clara: las municipalidades distritales tienen la obligación de brindar respaldo técnico, logístico y operativo cuando las capacidades de las JASS resultan insuficientes. Lo que hoy ocurre en el sector Huambacho–Santa Rosa, en el distrito de Samanco, demuestra que esta responsabilidad está siendo ignorada.
Desde hace más de dos meses, el sistema de alcantarillado del sector ha colapsado por completo, afectando a más de 70 familias que viven expuestas diariamente a aguas servidas, malos olores y focos infecciosos. No se trata de un problema menor ni de una incomodidad pasajera: estamos frente a una emergencia sanitaria que pone en riesgo directo la salud de niños, adultos y personas de la tercera edad.
Las consecuencias ya son visibles. Vecinos reportan infecciones estomacales, problemas respiratorios y afecciones a la piel. Las aguas residuales no solo han inundado calles y viviendas, sino que además estarían filtrándose hacia el pozo de agua potable y el canal de regadío, una situación alarmante que podría desencadenar un problema de salud pública de mayores proporciones y afectar incluso la producción agrícola de la zona.
La JASS Huambacho–El Arenal ha sido clara en señalar sus limitaciones. Los usuarios pagan únicamente por el servicio de agua potable, no por alcantarillado, lo que restringe seriamente su capacidad de acción. No cuentan con maquinaria ni personal técnico especializado para enfrentar un colapso de esta magnitud. Por tanto, la responsabilidad recae de manera directa en la Municipalidad Distrital de Samanco, que hasta el momento no ha brindado una respuesta efectiva, pese a los reiterados pedidos formales.
Resulta inaceptable que se prioricen otros sectores bajo el argumento de tener mayor población, cuando en Huambacho–Santa Rosa está en juego la salud y la dignidad de decenas de familias. El acceso a un saneamiento adecuado no es un privilegio, es un derecho básico. Postergar su atención equivale a normalizar condiciones insalubres que el país dice haber superado hace décadas.
La pasividad de las autoridades locales no solo revela una preocupante falta de gestión, sino también una desconexión con la realidad de las zonas rurales. Cuando el alcantarillado colapsa, el tiempo no juega a favor de nadie. Cada día de retraso agrava el problema y expone a la población a riesgos innecesarios.
Ante este escenario, resulta urgente la intervención de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y de la Defensoría del Pueblo, no solo para fiscalizar, sino para determinar responsabilidades y exigir acciones inmediatas. Huambacho–Santa Rosa no puede seguir esperando. El saneamiento colapsado no admite excusas burocráticas. La salud de sus pobladores debe estar por encima de cualquier indiferencia institucional.