Las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas revelan que las transferencias por canon minero, regalías y otros ingresos provenientes de la actividad extractiva superaron los 9 mil 900 millones de soles hasta noviembre del 2025. Dentro de ese contexto, Áncash vuelve a ocupar el primer lugar como la región que más recursos recibe, con cerca de 1,780 millones de soles. Sin embargo, más allá del impacto económico que representan estos montos en el papel, la gran interrogante sigue siendo la misma desde hace varios años: ¿dónde están las obras que mejoren realmente la calidad de vida de la población?
El canon minero fue concebido como un mecanismo de redistribución de la riqueza generada por los recursos naturales, con el objetivo de reducir brechas sociales y territoriales. En teoría, estos fondos deberían reflejarse en hospitales equipados, colegios modernos, sistemas de agua y saneamiento eficientes, carreteras seguras y proyectos productivos que generen empleo sostenible. No obstante, la realidad que enfrentan muchas provincias y distritos ancashinos dista mucho de ese ideal.
Las deficiencias en infraestructura educativa, los establecimientos de salud con limitaciones operativas, las obras paralizadas y los proyectos inconclusos son una constante que evidencia serias fallas en la gestión pública. Y este problema no solo recae en el Gobierno Regional, sino también en las municipalidades provinciales y distritales, que reciben importantes transferencias pero muchas veces carecen de capacidad técnica, planificación adecuada o transparencia en el manejo de los recursos.
Resulta preocupante que, pese a que Áncash lidera la recepción del canon minero a nivel nacional, todavía existan localidades sin acceso adecuado a servicios básicos. La población observa cómo año tras año se anuncian millonarios presupuestos, mientras las necesidades elementales continúan insatisfechas. Esta desconexión entre los recursos disponibles y los resultados concretos alimenta el descontento social y debilita la confianza ciudadana en sus autoridades.
Otro aspecto crítico es la priorización de proyectos. Con frecuencia, las inversiones se orientan hacia obras de bajo impacto o iniciativas que responden a intereses políticos antes que a verdaderas necesidades sociales. La falta de continuidad en las gestiones municipales y regionales también contribuye a que muchos proyectos queden abandonados o sufran modificaciones que encarecen su ejecución.
El canon minero representa una oportunidad histórica para transformar las regiones productoras. Sin embargo, sin una gestión eficiente, transparente y técnicamente sólida, estos recursos corren el riesgo de convertirse en una oportunidad desperdiciada. La solución pasa por fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales, mejorar los mecanismos de control y fiscalización, y promover una participación activa de la ciudadanía en la vigilancia del uso de estos fondos.
La pregunta que hoy se hacen miles de ancashinos sigue vigente: ¿cuándo veremos que el dinero del canon se convierta en desarrollo real? La respuesta dependerá de la voluntad política, la eficiencia administrativa y el compromiso ético de quienes tienen la responsabilidad de administrar estos recursos. Mientras ello no ocurra, el canon minero seguirá siendo una cifra millonaria en los informes oficiales, pero una promesa incumplida en la vida cotidiana de la población.