Los contratos de gobierno a gobierno (G2G) nacieron en el Perú como una alternativa para superar la ineficiencia crónica de la inversión pública. Se nos dijo que, al encargar obras estratégicas a otros Estados con experiencia comprobada, se reducirían los riesgos de corrupción, se acortarían los plazos y se garantizaría calidad. Sin embargo, hoy esta modalidad está en el ojo de la tormenta. La reciente decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de descartar el G2G para la Carretera Central es una señal clara de que algo no ha funcionado como se esperaba.
La alerta no es gratuita. La Contraloría General de la República ha documentado una serie de irregularidades en proyectos ejecutados bajo esta modalidad, particularmente en el sector salud. Los casos de los hospitales de Yungay y Pomabamba, en Áncash, revelan que el modelo G2G no es inmune a sobrecostos, malas decisiones contractuales ni responsabilidades diluidas.
El Hospital de Apoyo de Yungay II-1, ya concluido, es un ejemplo elocuente. Según informes de control, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) reconoció y pagó más de S/ 2.5 millones por eventos compensables y consultorías destinadas a subsanar defectos de diseño que, contractualmente, debieron ser asumidos por el contratista. Es decir, el Estado terminó pagando errores que no le correspondían. A ello se suman ampliaciones de plazo, modificaciones contractuales sin facultad legal y pagos sin sustento adecuado a subcontratistas. Todo bajo un esquema que, en teoría, debía minimizar estos riesgos.
Más preocupante aún es el incremento descomunal del presupuesto. La obra, iniciada en 2021 con una inversión de poco más de S/ 104 millones, terminó costando cerca de S/ 378 millones. Si bien parte de este aumento se explica por equipamiento y variaciones de alcance, el peso de los eventos compensables y la supervisión deficiente resulta imposible de ignorar. ¿Dónde quedó la supuesta eficiencia del modelo?
El caso de Pomabamba, hospital aún inconcluso, añade otro componente inquietante: los retrasos. Mientras la población sigue esperando un servicio de salud digno, los plazos se extienden, los costos crecen y las responsabilidades se diluyen entre entidades, gestores de proyecto y contratistas. El modelo G2G, lejos de acelerar soluciones, parece haber creado una compleja red contractual donde nadie asume plenamente las consecuencias.
Esto no significa que la modalidad de gobierno a gobierno deba descartarse de plano. Pero sí obliga a una revisión profunda y honesta. El problema no es solo el modelo, sino cómo se aplica, cómo se supervisa y, sobre todo, cómo se defienden los intereses del Estado frente a contratistas y consultoras. Cuando la entidad pública termina pagando errores ajenos, el modelo fracasa.
La Contraloría ha cumplido su rol al advertir presuntas responsabilidades administrativas y penales. Ahora le corresponde al Ejecutivo y al Congreso tomar decisiones estructurales. No se puede seguir vendiendo el G2G como una fórmula mágica cuando la evidencia demuestra que, sin control riguroso y funcionarios con capacidad y autonomía, los vicios de siempre se reproducen.
La salud y la infraestructura pública no pueden seguir siendo laboratorios de experimentos fallidos. Cada sol mal gastado es un hospital que no funciona, una carretera que no se construye y una población que pierde la fe en el Estado. Los contratos de gobierno a gobierno deben ser corregidos con urgencia, antes de que la promesa de eficiencia termine convertida, definitivamente, en sinónimo de despilfarro.