- Contraloría General de la República señala a 10 funcionarios de Sub Región Pacífico con responsabilidades penales.
- Direccionaron licitación y favorecieron al contratista ganador y dieron conformidad a la obra que que tiene muchas deficiencias.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Anticorrupción debe disponer las acciones penales correspondientes a 10 ex servidores o servidores de la Sub Región El Pacífico, por haber cometido una serie de ilícitos en la ejecución y la supervisión de las obras del Estadio San Pedro, que hoy se encuentra en pleno abandono, pero en custodia por la Municipalidad Provincial del Santa.
Así lo señala el informe de control posterior: N° 048-2025-2-5332 que he emitido la Contraloría General de la Republica y que ha sido notificado al gobernador de Áncash Koki Noriega Britto el miércoles 21 de enero del 2026. Es importante informar que la ejecución de las obras se produjeron durante la gestión 2019 – 2022, es decir Juan Carlos Morillo y Henry Borja.
Los ex funcionarios o funcionarios de la Sub Región El Pacífico que deben ser denunciados penalmente por la Procuraduría Pública Anticorrupción al Ministerio Público son GABRIEL FRANCISCO OCAÑA ROJAS (Sub Gerente de Infraestructura y Medio ambiente – 6/9/21 al 28/9/21); KAREM RUBY DOMINGUEZ VILLAVICENCIO ( Jefe del área de Supervisión y Liquidación de Obras – 5/11/2019 al 29/12/2020); KATHERINE REYNA LUCERO ROJAS (Presidente de Comité de Recepción de Obra – 6/5/2022 al 17/5/22); ANGEL ANDREE ROSSELL BAEZ (Miembro del Comité de Recepción de Obra- 6/5/22 al 17/5/22).
Además MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ ( Jefe del área de Supervisión y Liquidaciones – 23/9/21 al 22/8/22); DENNYS MICHELANGELO LEON ULLOA (Sub Gerente de infraestructura y Medio ambiente – 21/6/21 al 2/9/21); JULIO CESAR CAMARENA GUIO (Jefe de la oficina de estudios y Proyectos – 17/8/21 al 2/9/21); LUIS EDUARDO AGUILAR ROMERO ( Sub Gerente de Infraestructura y medio ambiente – 5/8/2019 al 28/12/2020); CARLOS ENRIQUE MINCHOLA LAVADO (Jefe de la Unidad de Abastecimientos – 4/11/2019 al 4/01/2021) y JOSE ANTONIO CASTRO CARDENAS (Sub Gerente de Infraestructura y Medio ambiente – 28/9/21 al 22/8/22)
La obra del Estadio San Pedro se denominó para los efectos técnicos, «Construcción y Mejoramiento del Complejo Deportivo Recreacional en el A.H. San Pedro, distrito de Chimbote, provincia del Santa – Ancash – Saldo de obra, adecuado a protocolo sanitario Covid-19, SNIP N.° 135768», fue así como se licitó la ejecución y la supervisión así como la elaboración del expediente técnico.
Según la Contraloría General de la República, un servidor de la entidad(Sub Región El Pacífico) validó y tramitó la documentación para el perfeccionamiento de contrato de la ejecución y supervisión de obra pese a que los postores ganadores para acreditar la experiencia del personal clave no cumplieron con lo requerido en las bases integradas y presentaron información inexacta; omitiendo realizar la verificación de la documentación; ocasionando la contratación de la ejecución y supervisión de obra por los montos de S/6 287 195,91 ( seis millones doscientos ochentisiete mil ciento noventicinco soles) y S/249 359,00 (doscientos cuarentinueve mil tres cientos cincuentinueve soles); respectivamente; afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.
Así mismo, según el órgano de control, servidores de la entidad suspendieron el plazo de ejecución de obra y aprobaron adicional de obra N.° 1 con deductivo vinculante sin contar con justificación técnica ni legal, además, otorgaron conformidad de valorizaciones con partidas no ejecutadas y con deficiencias técnicas, y recepcionaron la obra inconclusa, incumpliendo las normas de contrataciones, ocasionando un presunto perjuicio económico de S/558 532,76 e inaplicación de penalidades por S/628 719,52.
De acuerdo al informe de control, el Comité de Selección estuvo integrado por Carlos Minchola Lavado, Luis Aguilar Romero y Karen Dominguez Villanueva. Ese comité adjudicó la obra al Consorcio J-C integrado por Proyectos industriales JR Sac y Cojapri Ingenieros EIRL. El contrato por 6 millones 287 mil 195 soles lo firma David Jeremias de la Cruz Pizan por la SRP y Omar Aranda Prieto por el consorcio. La obra debería terminarse en 195 días calendario, lo que no sucedió.
La empresa que ejecutó y los supervisores fueron favorecidos por las instancias respectivas porque no acreditaron la experiencia de su personal. Los profesionales presentaron documentos y certificados que no eran reales. El Jefe de Abastecimientos Carlos Minchola no verificó los documentos.
Así mismo permitieron que la obra se suspenda por nueve meses a los pocos días de haberse iniciado y haber cobrado los adelantos (943 mil soles). La obra se detuvo por nueve meses sin que haya causales técnicos y legales. Según el órgano de control el contratista en eso momentos hacían una obra en Yaután.
Los servidores que deben ser denunciados penalmente, tramitaron una prestación adicional a pesar no haber justificación y no culminaron los muros de contención proyectado en el expediente técnico. Pagaron valorizaciones de partidas no ejecutadas. El monto del perjuicio fue de 558 mil soles.
Además, lo miembros del Cómitre de Recepción de obras no verificaron el cumplimento de metas del expediente técnico y no aplicaron penalidades por 628 mil soles, porque no ejecutaron los muros de contención. El Comité de Recepción estuvo integrado por Katherine Reyna Lucero, Miguel Girón Chavez y Angel Rosell Baez.
Además, el órgano de control realizó un estudio de mecánica de suelos y concluyó que el Consorcio J-C ejecutó la obra de manera deficiente porque no ejecutó las partidas del sub proyecto del campo deportivo de material sintético de acuerdo las especificaciones técnicas, originando un perjuicio de 153 mil soles.
Asegura el órgano de control que el gasto ejecutado no ha cumplido los objetivos en el saldo de la obra y el adicional 1, generando la postergación del uso y la práctica del deporte después de tres años de culminar la obra el 22/4/2022.
Finalmente dice la CGR que la Sub Región El Pacífico, ha transferido parcialmente el proyecto a la MPS que asumió la responsabilidad de la custodia del recinto. La entrega total se realizaría cuando se construyan los cercos de protección y muros de contención. Por ahora en la SRP no hay intenciones de solucionar esos problemas. El recinto sigue abandonado.