El informe de control posterior N.° 048-2025-2-5332 de la Contraloría General de la República no deja espacio para la duda ni para las excusas. Lo ocurrido con el Estadio San Pedro no fue un simple error administrativo ni una cadena de descuidos técnicos: fue un conjunto de decisiones irregulares, omisiones graves y presuntas conductas ilícitas que hoy mantienen abandonada una obra pública emblemática para Chimbote y para Áncash. Y lo más grave: hay diez funcionarios de la Sub Región El Pacífico que, según el órgano de control, deben ser denunciados penalmente.
El Estadio San Pedro debía ser un espacio para el deporte, la recreación y la integración social. En cambio, se ha convertido en el reflejo más crudo de cómo se puede dilapidar el dinero público cuando la unidad ejecutora en este caso la Sub Región El Pacífico actúa sin rigor técnico, sin control y, presuntamente, con direccionamiento. Más de seis millones de soles comprometidos en una obra que nunca cumplió con el expediente técnico, que fue recepcionada inconclusa y que hoy permanece inutilizable.
La Contraloría ha sido clara: se direccionó la licitación, no se verificó la experiencia real del personal clave del consorcio ejecutor y se permitió la contratación con documentación inexacta. ¿Cómo es posible que se adjudique una obra de esta magnitud sin comprobar certificados, currículos ni experiencia? La respuesta apunta directamente a responsabilidades funcionales que ya no pueden seguir siendo ignoradas.
A ello se suma un hecho indignante: la obra fue paralizada durante nueve meses poco después de haberse iniciado, cuando el contratista ya había cobrado adelantos por cerca de 943 mil soles. No existían causales técnicas ni legales para dicha suspensión, pero aun así fue aprobada. Peor aún, se autorizaron adicionales de obra sin sustento, se pagaron valorizaciones por partidas no ejecutadas y se omitió aplicar penalidades por más de 628 mil soles. El perjuicio económico supera largamente el medio millón de soles, sin contar el daño social y deportivo causado a la población.
El colmo de la negligencia se evidencia en la recepción de la obra. El Comité de Recepción no verificó el cumplimiento de las metas del expediente técnico, permitió que no se ejecuten los muros de contención y validó una infraestructura deficiente, incluso en un aspecto tan delicado como la mecánica de suelos del campo deportivo sintético. El resultado: una obra insegura, incompleta y abandonada, que tres años después no cumple el objetivo para el cual fue financiada.
Este caso se desarrolló durante las gestiones regionales 2019–2022, y hoy no basta con deslindar responsabilidades políticas. La Contraloría ha hecho su trabajo y ha señalado con nombres y cargos a quienes habrían participado en estas irregularidades. Ahora le corresponde a la Procuraduría Pública Anticorrupción y al Ministerio Público actuar con firmeza, sin dilaciones ni cálculos.
El Estadio San Pedro no puede quedar como otro expediente archivado en el cajón de la impunidad. Si diez funcionarios deben ser denunciados penalmente, que así sea. Solo sancionando a los responsables se podrá empezar a recuperar la confianza ciudadana y enviar un mensaje claro: las obras públicas no son botín de nadie y el dinero del Estado no está para financiar el abandono ni la corrupción.