Hoy martes 10 de febrero se llevará a cabo la diligencia judicial de reposición de los trabajadores Ronny Bernardo Sifuentes Orellana, Blanca Luz Silva Baca, Elena Raquel Romero Villafaña y María del Pilar Pereda Ruiz, ex integrantes del Sindicato de Trabajadores no docentes, conforme a lo dispuesto por el Noveno Juzgado de Trabajo de Chimbote, en el marco del proceso por nulidad de despido seguido contra la Universidad San Pedro.
La diligencia ha sido programada mediante la Resolución N.° Once, emitida por el juez Norman Wilmer Tantas Saavedra, quien ordenó que la reposición se ejecute con la participación del secretario judicial correspondiente, debiendo la universidad demandada brindar todas las facilidades necesarias para su cumplimiento, bajo apercibimiento de incrementarse la multa de 2 hasta 6 Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso de incumplimiento.
Esta diligencia se realiza luego de que el juzgado declarara improcedente el pedido de nulidad de todo lo actuado presentado por la Universidad San Pedro y sus abogados, con el cual pretendía dejar sin efecto la medida cautelar de reposición provisional.
El órgano jurisdiccional concluyó que la universidad no acreditó ningún vicio procesal ni perjuicio real, precisando además que el pedido de nulidad no fue formulado en la primera oportunidad procesal, tal como lo exige el Código Procesal Civil. Asimismo, se dejó constancia de que la demandada ejerció plenamente su derecho de defensa, al haber formulado oposición y apelación contra la medida cautelar.
En ese sentido, el juzgado calificó el accionar de la universidad como una conducta dilatoria, exhortando a su representante legal, apoderados y abogados a actuar conforme a los principios de buena fe procesal y deber de colaboración, advirtiendo que el incumplimiento de los mandatos judiciales podría generar sanciones más severas, incluyendo multas y otras responsabilidades legales.
Con la diligencia programada para el martes 10 del presente, el Poder Judicial ratifica la vigencia de la reposición de los ex integrantes del Sindicato de Trabajadores no Docentes y reafirma que las resoluciones judiciales son de obligatorio cumplimiento, en defensa de los derechos laborales y el respeto al Estado de derecho.