Por: Dr.(c) Miguel Koo Vargas
CEO de InfluencIA | Consultoría de Reputación
La franja electoral nunca fue una idea noble que salió mal. Desde su concepción es una coartada elegante, que consiste en usar dinero público para financiar propaganda electoral, bajo una apariencia de “equidad democrática”.
En ningún país serio se resuelve la desigualdad política trasladando recursos de los ciudadanos a un candidato. En el Perú, el contribuyente no elige a quién apoyar, pero sí paga la publicidad de todos, incluso de quienes jamás votaría.
Y ahora, para completar el cuadro, los partidos tienen la potestad de elegir a sus medios favoritos donde desean promocionar la franja. Es decir, el Estado recauda, los partidos deciden y ciertos medios cobran. Incluso si estos medios pertenecen a los mismos candidatos beneficiados, como ya se ha demostrado en varios casos.
Este escenario huele exactamente igual a una modalidad de dádivas a la prensa que es típica en el interior del país. En Chimbote, por ejemplo, existe una fauna conocida de periodistas que aprovechan las campañas políticas para abordar a los candidatos y ofrecerles servicios de todo tipo. Transmisiones en vivo, entrevistas televisadas, opiniones favorables en redes sociales, etc. Un abanico amplio para todos los gustos y bolsillos.
Ryszard Kapuscinski decía que “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos”. Sin embargo, algunos son más sinvergüenzas que otros. Por la mañana fungen de analistas políticos y por la noche son maestros de ceremonia del gobierno de turno, animando actividades municipales con la misma voz con la que horas antes “fiscalizaban”.
La franja electoral reproduce exactamente ese modelo, pero a escala nacional y con respaldo normativo.
El problema no es solo el conflicto de interés. Es la pedagogía perversa que enseña a los candidatos que la política no se gana con ideas, sino con mayor pauta publicitaria, y que el periodismo no se honra con independencia, sino con “mermelada”.
Así, la democracia deja de ser deliberación y el periodismo se convierte en un escaparate destinado al mejor postor. Por eso la franja electoral no es un error técnico ni un vacío legal. Es una vergüenza institucionalizada. Un mecanismo que normaliza lo que está mal, y legaliza lo que nunca debió ser aceptable.
Lo verdaderamente alarmante no es que existan periodistas que cobren por promocionar candidatos. Eso siempre ha ocurrido. Lo alarmante es que ahora el Estado hace lo mismo… pero con factura y reglamentado; mientras tanto, seguimos desangrándonos en nuestra tragicomedia de nunca acabar: presidentes presos y candidatos que se enriquecen a costa de nuestros bolsillos.