La reciente presentación de la cartera de proyectos de PROINVERSIÓN para la región Áncash, por más de US$ 4,400 millones, vuelve a colocar sobre la mesa una promesa que los ancashinos hemos escuchado demasiadas veces: la gran inversión como motor del desarrollo. No se puede negar la magnitud ni la importancia de los proyectos anunciados, pero tampoco se puede ignorar que, en una región históricamente postergada, la expectativa convive con una comprensible preocupación: que estas iniciativas no vuelvan a quedar atrapadas en el limbo de los anuncios.
De los ocho proyectos presentados, al menos tres tienen un impacto directo y estratégico en nuestra zona: el Proyecto Chinecas, el Terminal Portuario de Chimbote y la carretera Casma–Huaraz. Son obras largamente esperadas, discutidas durante años, y que hoy aparecen nuevamente como parte de un portafolio ambicioso. Dos de ellas, según lo anunciado, podrían ser declaradas de interés este mismo año. Esa noticia, sin duda, genera optimismo, pero también exige prudencia.
Chinecas es, quizá, el símbolo más claro de las frustraciones acumuladas en Áncash. Un proyecto clave para garantizar agua regulada, ampliar la frontera agrícola y consolidar el desarrollo agroindustrial, pero que ha sido víctima de decisiones políticas erráticas, cambios de modelo y una interminable cadena de postergaciones. Hoy se habla de una inversión superior a los US$ 3,500 millones. La pregunta no es si es necesario —porque lo es— sino si finalmente existe la voluntad y la capacidad técnica y política para sacarlo adelante sin repetir los errores del pasado.
El Terminal Portuario de Chimbote, por su parte, representa una oportunidad histórica para reposicionar a la ciudad en el mapa logístico y productivo del país. Con una inversión cercana a los US$ 447 millones, el puerto podría dinamizar el comercio, la pesca industrial, la agroexportación y generar empleo sostenible. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que los grandes proyectos portuarios no solo requieren inversión privada, sino también decisiones claras del Estado, saneamiento de terrenos, consensos locales y una gestión eficiente de los conflictos sociales.
La carretera Casma–Huaraz es otro ejemplo de infraestructura básica que, pese a su evidente necesidad, sigue siendo una deuda pendiente. Mejorar esta vía no solo significa reducir tiempos de viaje; implica integrar la costa con la sierra, fortalecer el turismo, abaratar costos logísticos y acercar oportunidades a miles de ciudadanos. En una región donde la geografía ha sido históricamente una barrera, la conectividad no es un lujo, es una urgencia.
El problema de fondo es que hoy empezamos a sentir, una vez más, que los presupuestos públicos no alcanzan. El contexto económico, la desaceleración y las restricciones fiscales hacen que cada anuncio venga acompañado de una sombra de duda. Por eso, más que nuevos portafolios, la región necesita certezas. Necesita cronogramas claros, hitos verificables y un compromiso real para pasar del papel a la obra.
Áncash no puede seguir viviendo de expectativas. Los proyectos están identificados, la inversión privada está dispuesta y las brechas son evidentes. Ahora corresponde al Estado —en todos sus niveles— garantizar que esta vez sí se concreten. Porque cuando las promesas se repiten y las obras no llegan, lo que se erosiona no es solo la confianza, sino el futuro mismo de la región.