El caso de la bebé de apenas un mes de nacida, brutalmente golpeada y hoy esta luchando por recuperarse de fracturas y múltiples lesiones, nos enfrenta a una de las realidades más dolorosas y perturbadoras de nuestra sociedad: la violencia que se gesta dentro del propio hogar. Ese espacio que debería ser sinónimo de protección, ternura y cuidado, terminó convertido en escenario de sufrimiento extremo.
La decisión de la jueza de la Corte del Santa de dictar nueve meses de prisión preventiva contra los padres, acogiendo el pedido del Ministerio Público, no solo responde a la gravedad de los hechos, sino a la contundencia del examen médico legal que evidenció el nivel de maltrato que presentaba la menor. Las fracturas, contusiones y traumatismos no eran compatibles con una caída accidental. Eran, según los especialistas, lesiones propias de agresiones reiteradas.
Pero más allá del proceso judicial que deberá determinar responsabilidades penales con todas las garantías de ley surge una pregunta que como sociedad no podemos evadir: ¿qué está pasando para que un padre o una madre llegue al extremo de golpear a su propia hija, una criatura indefensa que depende absolutamente de ellos?
No se trata de un hecho aislado. Casos de violencia familiar, maltrato infantil y abandono se repiten con alarmante frecuencia. Detrás de cada uno hay historias de frustración, inmadurez emocional, precariedad económica, consumo de alcohol o drogas, patrones de violencia heredados y, sobre todo, una profunda ausencia de formación en valores y responsabilidad parental.
Ser padre o madre no es solo un acto biológico; es una responsabilidad ética y legal. Implica asumir sacrificios, controlar impulsos, buscar ayuda cuando la situación desborda y, ante todo, proteger al hijo incluso por encima de uno mismo. Cuando esa conciencia no existe o se quiebra, los más vulnerables pagan las consecuencias.
También debemos mirar el rol del entorno. Vecinos que sospechan, familiares que callan, instituciones que reaccionan solo cuando el daño ya está consumado. La prevención sigue siendo nuestra gran deuda. ¿Estamos detectando a tiempo los hogares en riesgo? ¿Existen suficientes programas de acompañamiento psicológico y social para padres jóvenes? ¿Se brinda educación real sobre crianza y manejo de emociones?
La prisión preventiva dictada en este caso envía un mensaje claro: la justicia no puede ser indiferente ante hechos tan graves. La protección de la infancia debe ser prioridad absoluta. Sin embargo, la sanción penal, aunque necesaria, no soluciona el problema de fondo. No repara las heridas emocionales que esa niña cargará, ni corrige las fallas estructurales que permiten que la violencia se naturalice.
Urge reforzar la educación emocional desde la escuela, promover campañas permanentes sobre crianza responsable y fortalecer los sistemas de alerta temprana en centros de salud y comisarías. La violencia no aparece de un día para otro; suele dar señales. El desafío es aprender a verlas y actuar antes de que sea demasiado tarde.
Este caso nos duele, nos indigna y nos avergüenza como sociedad. Porque cuando una bebé es víctima de quienes debían protegerla, el fracaso no es solo individual: es colectivo. La justicia seguirá su curso, pero la reflexión debe ser inmediata. No podemos permitir que la violencia siga naciendo en casa.