Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En el Perú de hoy, vivir con tranquilidad se ha vuelto una excepción. La inseguridad ya no es solo una percepción: es una realidad que golpea a millones de familias, frena la economía y erosiona la confianza en el país. Según cifras oficiales, el 27,1 % de la población urbana mayor de 15 años fue víctima de algún delito en 2023, y el 84 % de los peruanos afirma sentirse inseguro al transitar por su ciudad. Es decir, casi 9 de cada 10 ciudadanos viven con miedo.
Esta situación no solo afecta la calidad de vida. Tiene un impacto directo en la economía. Cuando el delito avanza, la inversión se retrae, los negocios cierran y el empleo formal se estanca. No es casualidad que el Perú haya registrado una tasa de homicidios de 6,7 por cada 100 mil habitantes, una cifra superior a la de años anteriores y que refleja una violencia cada vez más organizada y letal. En algunas ciudades del país, esta tasa supera incluso los 9 homicidios por cada 100 mil habitantes, niveles que hace una década parecían impensables.
Uno de los delitos que más daño está causando es la extorsión. Hoy, más de 1,7 millones de peruanos han sido víctimas de este crimen, que golpea principalmente a comerciantes, transportistas, emprendedores y pequeñas empresas. La extorsión no solo roba dinero: roba tranquilidad, paraliza actividades económicas y empuja a la informalidad. Barrios enteros viven bajo amenaza, y muchos negocios prefieren cerrar antes que seguir pagando cupos.
Frente a esta realidad, el Estado enfrenta serias limitaciones. La Policía Nacional cuenta con aproximadamente 140 mil efectivos, pero se estima que solo el 30 % realiza labores de patrullaje preventivo, mientras el resto cumple funciones administrativas o asignaciones especiales. Esto deja amplias zonas del país, especialmente en provincias, sin presencia policial efectiva.
A ello se suma un problema estructural alarmante: la precariedad de la infraestructura policial. Siete de cada diez comisarías del país operan en condiciones deficientes, y el 44 % no cuenta con servicios básicos como agua, desagüe o electricidad. Pretender combatir al crimen organizado desde instalaciones precarias es, simplemente, condenar el esfuerzo policial al fracaso.
El atraso tecnológico agrava aún más el problema. El Perú no cuenta con un sistema nacional moderno que integre reconocimiento facial, análisis de datos en tiempo real o alertas tempranas a gran escala. Mientras el crimen organizado utiliza tecnología y redes sofisticadas, el Estado sigue operando con sistemas fragmentados y desactualizados. Esto limita la capacidad de la inteligencia policial para enfrentar delitos complejos como el sicariato, la extorsión, la trata de personas o el narcotráfico.
La debilidad institucional completa este escenario. En los últimos diez años, el país ha tenido más de 20 ministros del Interior, una rotación que impide cualquier estrategia sostenida de seguridad. La falta de continuidad, sumada a procesos disciplinarios poco efectivos y a la ausencia de meritocracia, ha debilitado la autoridad y la moral dentro de la Policía Nacional.
Recuperar el orden exige decisiones firmes y acciones inmediatas. No basta con discursos ni con medidas simbólicas. Se requiere inversión urgente en patrullaje inteligente, tecnología, modernización de comisarías y fortalecimiento de unidades especializadas. Combatir la extorsión, recuperar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado no es una opción: es una necesidad.
El orden no es un concepto abstracto ni un lujo autoritario. Es la base mínima para que las personas vivan sin miedo, para que los emprendedores inviertan con confianza y para que el país vuelva a crecer. Sin orden no hay trabajo, sin orden no hay inversión y, sobre todo, sin orden no hay futuro.