La revelación del presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Óscar Ramiro Pérez Sánchez, no puede ser tomada como un simple desencuentro institucional. Que la Unidad de Flagrancia no esté funcionando a plenitud porque los fiscales no asisten lo que constituye un serio retroceso en la lucha contra la criminalidad en nuestra jurisdicción.
La Unidad de Flagrancia fue creada con un propósito claro: responder con rapidez y eficacia frente a delitos cometidos en el acto, reducir la impunidad y enviar un mensaje firme a la delincuencia. Se trata de un modelo que articula en un mismo espacio al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, permitiendo que los casos evidentes no se dilaten en trámites interminables. Su éxito depende, precisamente, de la presencia coordinada y permanente de todos sus operadores.
Sin embargo, hoy la realidad parece contradecir el espíritu de esta herramienta. Si los fiscales —pieza clave del proceso penal— no acuden con regularidad, el sistema simplemente se paraliza. No basta con contar con infraestructura, ambientes equipados o normas que respalden el procedimiento. La justicia no funciona con paredes, sino con personas comprometidas con su responsabilidad.
El propio presidente de la Corte del Santa ha advertido que se ha comunicado esta situación a la Fiscalía de la Nación ante la falta de interés de algunos fiscales en asistir a la sede de flagrancia. Es una afirmación grave. Cuando desde el propio sistema de justicia se reconoce que una de sus instituciones no está cumpliendo los compromisos asumidos, el problema deja de ser administrativo para convertirse en un asunto de interés público.
La criminalidad no espera. Los delitos en flagrancia exigen respuestas inmediatas. Cada hora que pasa sin la intervención fiscal oportuna puede significar pruebas debilitadas, procesos frustrados o incluso la liberación de personas detenidas por fallas procedimentales. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que un delincuente sorprendido en el acto pueda recuperar su libertad por ausencia de quien debía formalizar la acusación?
En una región como Áncash, donde la percepción de inseguridad sigue creciendo, la Unidad de Flagrancia debería ser un pilar estratégico. No se trata de una oficina más, sino de un mecanismo diseñado para cortar de raíz la impunidad en delitos comunes que afectan directamente a la población: robos, hurtos, agresiones. Si esta herramienta no opera al cien por ciento, el mensaje que se envía es preocupante: el Estado no logra coordinarse ni siquiera cuando el delito es evidente.
Aquí no se trata de enfrentamientos entre instituciones, sino de asumir responsabilidades. El Ministerio Público tiene un rol constitucional irrenunciable en la persecución del delito. La ausencia reiterada de fiscales no puede normalizarse ni justificarse con argumentos burocráticos. La ciudadanía exige resultados, no excusas.
Urge una reacción inmediata. Si hay problemas de personal, deben corregirse. Si existe desorganización interna, debe resolverse. Si hay falta de compromiso, corresponde aplicar los mecanismos de control pertinentes. La Unidad de Flagrancia no puede convertirse en un símbolo de buenas intenciones frustradas.
La lucha contra la delincuencia requiere coherencia y compromiso real. No basta con inaugurar unidades especializadas ni anunciar estrategias. La verdadera prueba está en el funcionamiento cotidiano. Y hoy, lamentablemente, la Unidad de Flagrancia no está respondiendo como debería. Corregir esta situación no es una opción política; es una obligación con la justicia y con la ciudadanía.