El reciente cruce público entre el Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia del Santa no es un simple intercambio de comunicados. Es una señal de alarma que no puede pasar desapercibida, porque en el centro de esta controversia está la Unidad de Flagrancia, un mecanismo creado precisamente para dar respuestas rápidas y eficaces frente a la delincuencia.
El presidente de la Corte del Santa afirmó que fiscales no estarían participando en la Unidad de Flagrancia, debilitando su funcionamiento. La Fiscalía respondió de manera categórica señalando que sí cumplen con su labor, que intervienen de forma activa y que, aunque no existen fiscales designados con exclusividad para dicha unidad, las fiscalías provinciales penales atienden los casos oportunamente junto con sus demás cargas procesales.
Ambas versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo en su totalidad. Y cuando dos instituciones fundamentales del sistema de justicia se contradicen públicamente, la ciudadanía queda en medio, confundida y desconfiada.
La Unidad de Flagrancia no es un proyecto menor. Fue concebida como una herramienta clave para enfrentar la criminalidad cotidiana, aquella que golpea directamente a los vecinos: robos, hurtos, violencia inmediata. Su objetivo es que el delincuente sorprendido en flagrancia no regrese a la calle por demoras procesales, sino que enfrente un proceso inmediato y una respuesta judicial oportuna. Si esta unidad no funciona a plenitud, el mensaje que se envía es devastador.
Más allá de quién tenga la razón en este intercambio, lo cierto es que si existe una disputa pública es porque algo no está marchando como debería. Si la Fiscalía sostiene que atiende los casos, pero reconoce que no hay fiscales exclusivos para la Unidad de Flagrancia, entonces el problema podría estar en la sobrecarga laboral o en la insuficiencia de recursos. Y si el Poder Judicial advierte ausencias o demoras, también tiene la responsabilidad de sustentar con claridad sus afirmaciones.
Lo preocupante es que el debate se haya trasladado a los medios mediante comunicados que, lejos de transmitir coordinación, exhiben fricciones. La justicia no puede darse el lujo de aparecer dividida. Cuando las instituciones discuten entre sí, la delincuencia observa y aprovecha.
La población no quiere explicaciones cruzadas; quiere resultados. Quiere saber que cuando se detiene a una persona en flagrancia habrá fiscales presentes, audiencias inmediatas y decisiones firmes. Quiere eficiencia, no disputas administrativas.
Si la Fiscalía ha solicitado más plazas para fortalecer la atención de estos casos, el tema debe resolverse con gestión y coordinación interinstitucional, no con confrontación pública. Si existen problemas operativos, deben transparentarse y corregirse. Negar fallas o minimizar advertencias solo profundiza la percepción de desorden.
La Unidad de Flagrancia debe ser un símbolo de articulación entre fiscales y jueces, no un escenario de desencuentros. La lucha contra la criminalidad exige unidad, planificación y responsabilidad compartida. Cuando las instituciones se contradicen, la justicia pierde credibilidad. Y cuando la justicia pierde credibilidad, pierde también su capacidad disuasiva.
Hoy más que nunca, el Distrito Judicial del Santa necesita coordinación real y no comunicados cruzados. Porque en esta disputa, el único que no puede seguir perdiendo es el ciudadano.