Hoy por la mañana el Congreso enfrentará una decisión que, más allá del nombre propio de José Jerí, vuelve a poner a prueba la estabilidad institucional del país. La censura que se debatirá no es un trámite más en la agenda parlamentaria: implica la posible salida del presidente de la República en su condición de titular del Legislativo y, por tanto, una nueva transición en la jefatura del Estado.
El debate no es solo jurídico, sino profundamente político. El constitucionalista Aníbal Quiroga ha señalado que, técnicamente, correspondería la figura de la vacancia, pero que el Congreso podría optar por la censura por ser un camino más expeditivo. En términos prácticos, censurar al presidente del Congreso significaría también su caída como jefe de Estado transitorio. Una suerte de atajo parlamentario que, aunque discutible en lo académico, podría imponerse por mayoría.
Aquí se abre la primera reflexión: ¿estamos ante una decisión basada en principios o en conveniencia? Cuando el derecho constitucional se subordina al cálculo político, el mensaje que se envía a la ciudadanía es preocupante. No se trata de defender a Jerí ni de blindarlo frente a cuestionamientos que ciertamente existen, sino de cuidar el procedimiento y la coherencia institucional. Las reglas no pueden reinterpretarse cada vez que la correlación de fuerzas lo permite.
Por otro lado, el congresista Alejandro Cavero ha advertido que retirar a Jerí sin contar con consensos para elegir a una persona idónea podría generar un vacío de poder. En política, como en la física, los vacíos no existen: alguien ocupará el espacio. Y si no hay acuerdos sólidos, el riesgo es que el reemplazo no represente mayor estabilidad ni garantía para el país.
Esa es la segunda gran preocupación. El Perú no puede seguir normalizando los cambios sucesivos de presidente como si fueran simples relevos administrativos. Cada transición erosiona la figura presidencial, debilita la imagen internacional del país y afecta la conducción de la política exterior y la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. No es un asunto menor ni doméstico: es un mensaje hacia dentro y hacia fuera.
Además, la discusión sobre si corresponde censura o vacancia probablemente termine en manos del Tribunal Constitucional, lo que prolongaría la incertidumbre. Un escenario judicializado después de una decisión política acelerada solo añadiría más inestabilidad a un país que ya vive en permanente tensión institucional.
Ahora bien, también es cierto que un presidente sin respaldo parlamentario difícilmente puede sostenerse. La experiencia reciente demuestra que, en nuestro sistema, quien pierde el apoyo del Congreso cae inevitablemente. La pregunta no es solo si Jerí debe irse, sino cómo y con qué consecuencias.
El Congreso tiene hoy una responsabilidad histórica. Si decide censurar, debe hacerlo con la convicción de que el reemplazo generará mayor gobernabilidad y no una crisis adicional. Si opta por mantenerlo, tendrá que explicar al país por qué considera que aún puede conducir la transición con legitimidad.
No se trata de salvar o hundir a una persona. Se trata de preservar la institucionalidad. El Perú necesita estabilidad, reglas claras y liderazgo responsable. Cualquier decisión que no tome en cuenta esos elementos corre el riesgo de agravar una crisis que ya se ha vuelto demasiado frecuente en nuestra vida republicana.