La censura aprobada por el Congreso contra el presidente José Jerí abre, una vez más, un escenario de incertidumbre política en el país. Con 75 votos a favor, el Parlamento decidió retirarle la confianza en su condición de titular del Legislativo y, por ende, en su encargo de la Presidencia de la República. La pregunta que surge de inmediato es inevitable: ¿qué sucederá ahora?
En el Perú ya nos hemos acostumbrado a los cambios abruptos en la conducción del Estado. Sin embargo, cada nuevo relevo no deja de generar preocupación. Hoy se elegirá a otro presidente del Congreso que, automáticamente, asumirá también la Presidencia de la República. Ese solo hecho revela la fragilidad institucional que atravesamos: el país no elige directamente a quien gobernará en esta etapa, sino que depende de una correlación de fuerzas parlamentarias que puede variar de un día para otro.
La censura es un mecanismo constitucional y reglamentario legítimo. Forma parte del equilibrio de poderes. Pero cuando se convierte en una herramienta recurrente, deja de ser un instrumento de control político para transformarse en un factor de inestabilidad. La salida de José Jerí no solo representa la caída de una figura política, sino la interrupción de una línea de conducción que, más allá de simpatías o críticas, necesitaba continuidad en un momento crucial.
El país está a puertas de un nuevo proceso electoral programado para abril. Ese calendario no es menor. Organizar elecciones exige estabilidad institucional, coordinación entre poderes del Estado y un clima mínimo de confianza ciudadana. Si el Congreso entra en una nueva pugna interna por el control de la Mesa Directiva, el riesgo es que la agenda nacional quede relegada frente a los cálculos políticos.
¿Tendremos estabilidad con un nuevo presidente? La respuesta dependerá menos del nombre que resulte elegido y más de la actitud del Parlamento en su conjunto. Si la elección responde a un acuerdo amplio que garantice gobernabilidad hasta el fin del periodo de transición, podría enviarse un mensaje de serenidad al país. Pero si la designación es producto de una mayoría circunstancial y confrontacional, la incertidumbre continuará.
La ciudadanía observa con escepticismo. Cada cambio en la cúpula del poder erosiona la confianza en las instituciones. Los problemas reales inseguridad, economía estancada, crisis social no se detienen mientras el Congreso redefine liderazgos. El Perú necesita señales claras de que este nuevo episodio no desencadenará otra espiral de enfrentamientos.
Más allá de la coyuntura, lo esencial es que se respete el calendario electoral y que el proceso de abril se realice con transparencia, garantías y plena legitimidad. Cualquier intento de alterar plazos o introducir maniobras dilatorias sería interpretado como una ruptura del compromiso democrático.
Hoy el Congreso tiene la responsabilidad histórica de actuar con prudencia. Elegir a un nuevo presidente no debe ser solo un trámite reglamentario, sino un acto de responsabilidad nacional. La estabilidad no depende únicamente de la norma, sino de la voluntad política de quienes la aplican.
El país no puede permitirse otro ciclo de confrontación. La censura ya es un hecho consumado. Lo que viene ahora definirá si entramos en una etapa de transición ordenada o en un nuevo capítulo de incertidumbre. La decisión está, una vez más, en manos del Parlamento.