El reciente impulso al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abre un debate necesario sobre la descentralización fiscal en el país. El anuncio de mayores recursos para las 1,892 municipalidades, sustentado en el Decreto Supremo N.º 013-2026-EF y en la Ley N.º 32387, representa una oportunidad histórica para fortalecer la gestión local. Sin embargo, más dinero no garantiza automáticamente mejores resultados.
El Foncomun, financiado principalmente por el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), incrementará progresivamente sus ingresos sin modificar la tasa general del IGV. Para el 2026 se estima una transferencia cercana a los 10,000 millones de soles a los gobiernos locales. Además, se ha duplicado la asignación mínima mensual de 8 a 15 UIT, lo que otorga mayor estabilidad financiera a los municipios más pequeños. Sobre el papel, la medida parece sólida: criterios objetivos de distribución (población, capacidad fiscal y extensión territorial), contabilidad diferenciada para los nuevos recursos y exigencia de planificación certificada desde 2027.
Pero el verdadero desafío no está en la fórmula de reparto, sino en la capacidad de ejecución. El país arrastra una brecha histórica entre presupuesto asignado y presupuesto efectivamente invertido. En muchas municipalidades, especialmente en zonas rurales o con limitada capacidad técnica, los recursos no se transforman con la rapidez necesaria en obras concretas. Peor aún, en algunos casos terminan paralizados por deficiencias en los expedientes técnicos, falta de supervisión o cuestionamientos por presuntos actos de corrupción.
Por ello, el anuncio del MEF debe ir acompañado de un fortalecimiento real de capacidades. No basta con exigir instrumentos de planificación actualizados ante el Ceplan; es indispensable brindar asistencia técnica permanente, capacitación en gestión pública y acompañamiento en la formulación y ejecución de proyectos de inversión. La descentralización fiscal implica corresponsabilidad: el gobierno central transfiere recursos, pero también debe asegurar que existan condiciones mínimas para que esos fondos generen impacto.
Asimismo, la transparencia prometida será clave. Publicar el detalle exacto de cuánto recibirá cada municipio es un avance, pero el control ciudadano debe ir más allá. La población tiene derecho a conocer no solo cuánto dinero llega, sino en qué se gasta, en qué plazos y con qué resultados. Sin vigilancia social y rendición de cuentas, el incremento presupuestal podría diluirse sin mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El Foncomun fortalecido es una señal política importante: el país reconoce que los gobiernos locales son el primer contacto del Estado con la ciudadanía. Son ellos quienes deben atender calles deterioradas, servicios básicos, infraestructura comunal y proyectos de desarrollo. Si cuentan con más recursos y reglas claras, tienen la posibilidad de responder mejor a esas demandas.
Sin embargo, la historia reciente nos obliga a mantener una mirada crítica. Más presupuesto significa también mayor responsabilidad. La descentralización no puede convertirse en una simple transferencia de dinero sin resultados. El reto es convertir cada sol adicional en obras visibles, servicios eficientes y desarrollo sostenible. Solo entonces el fortalecimiento del Foncomun dejará de ser una promesa y se convertirá en una verdadera herramienta de progreso para el país.