Contralor, César Aguilar:
Durante la jornada inaugural de la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción, el contralor general César Aguilar manifestó que el Perú está pasando por una coyuntura particularmente sensible, que está marcada por un proceso electoral y por situaciones que han generado legítimas demandas de mayor transparencia en la actuación de actores públicos, por lo que la labor del control gubernamental debe ser objetiva, ajena a sesgos políticos y centrado exclusivamente en la protección del interés público.
“En escenarios como este, el control gubernamental trasciende su función técnica para asumir una dimensión institucional más profunda y se convierte en un factor de equilibrio republicano. No es un instrumento de confrontación ni un actor del debate político; es el mecanismo que preserva la regularidad del sistema, garantiza la legalidad en el uso de los recursos públicos y protege el principio de responsabilidad en la gestión del Estado”, dijo antes las autoridades y representantes de 32 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) del exterior.
Por ello, subrayó que, en tiempos de mayor tensión política, la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de cuestionamientos, sino por la solidez de sus instituciones de control y es así que la Contraloría General actúa como garante de esa estabilidad institucional, asegurando que la administración de los recursos públicos se mantenga dentro de los márgenes de la ley, la eficiencia y la transparencia.
En materia de lucha contra la corrupción, Aguilar indicó que, en términos económicos, la corrupción genera una asignación ineficiente de los recursos públicos, distorsiona la competencia, eleva los costos institucionales y deteriora la productividad del gasto estatal.
“Cada sol indebidamente utilizado no representa solo una pérdida financiera; implica menor inversión en infraestructura, salud, educación y oportunidades para la población. En consecuencia, se erosiona la rentabilidad social del gasto público, entendida como la capacidad del Estado de transformar recursos fiscales en bienestar colectivo”, puntualizó.
En ese sentido, señaló que la lucha anticorrupción no puede limitarse a la sanción posterior del ilícito, sino que debe estructurarse como una política pública de gestión anticipada de riesgos, orientada a proteger el valor público antes de que el daño se materialice. Es por ese motivo que la Contraloría General de la República del Perú ha adoptado, como eje estratégico de su gestión, un enfoque preventivo sustentado.
Bajo este contexto, la Contraloría General de la República del Perú viene promoviendo y orientando su modelo de control hacia la consolidación de un sistema de análisis prospectivo, basado en la evaluación de riesgos, interoperabilidad de información, trazabilidad de procesos contractuales y monitoreo estratégico de sectores críticos como infraestructura vial, educativa y hospitalaria.
“Somos plenamente conscientes de las restricciones presupuestales y estructurales que enfrenta nuestra institución. Sin embargo, la calidad del control no se define por la magnitud de los recursos asignados, sino por la solidez del planeamiento estratégico, la fortaleza institucional y la independencia técnica con la que se actúa”, comentó el titular de la EFS del Perú.
Manifestó que la experiencia demuestra que los Estados que consolidan esquemas preventivos robustos no solo reducen el costo fiscal de la corrupción, sino que fortalecen la confianza institucional, disminuyen la incertidumbre regulatoria y generan condiciones más estables para la inversión y el desarrollo sostenible.