Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La censura del presidente del Congreso quien ejercía funciones presidenciales, José Jerí, y el reacomodo acelerado de fuerzas que se produjo después, han dejado un saldo que va mucho más allá del destino de un solo actor. El resultado inmediato ha sido abrir un escenario de mayor inestabilidad, reintroduciendo a la izquierda que no figuraba en el radar electoral y facilitando, por vía indirecta, el retorno de Perú Libre a una posición de poder. El costo institucional es alto, y el país en su conjunto queda expuesto a una nueva etapa de incertidumbre.
La elección de José María Balcázar como presidente de transición agrava ese cuadro. Balcázar proviene de Perú Libre y hoy postula al Senado por Ahora Nación, agrupación que lleva como candidato presidencial a Alfonso López Chau, un referente de izquierda radical. En un país con memoria reciente de confrontación política y tensiones institucionales, este desenlace no es neutral: proyecta un escenario de riesgo que puede traducirse en costos políticos, sociales y económicos relevantes.
En este contexto, el principal costo político-electoral recae sobre Rafael López Aliaga. Haber impulsado la censura de Jerí lo coloca hoy frente a un desgaste evidente en su propia base. Sectores que lo respaldaban como una alternativa de orden y firmeza perciben, en cambio, un cálculo político por encima del interés nacional. Ese quiebre de confianza no es un matiz: reduce de manera objetiva su capacidad de crecimiento y, con ello, sus probabilidades de alcanzar una segunda vuelta en 2026.
En contraste, Keiko Fujimori fue de las pocas voces que advirtió el riesgo de empujar una censura a pocas semanas de un proceso electoral, precisamente por la inestabilidad que podía desatar. Asumió el costo de fijar posición cuando era más rentable sumarse a la ola. En coherencia con esa lectura, su bancada optó por la abstención y luego apoyó en segunda vuelta a Maricarmen Alva, quien no logró los votos necesarios. La llave estuvo en Alianza para el Progreso, que decidió inclinarse por Balcázar. Esa decisión también tendrá un costo político: APP no solo contribuyó a un desenlace inesperado, sino que cargará con la responsabilidad de haber habilitado un giro que amplifica la incertidumbre.
El daño no termina en la política doméstica. En el plano internacional, el episodio envía señales negativas. La relación con Estados Unidos actor relevante para la estabilidad económica y política del Perú se resiente cuando decisiones internas incrementan la percepción de riesgo país y debilitan la previsibilidad institucional. La confianza externa se construye sobre reglas claras y estabilidad; cuando esto se erosiona, la economía real paga la factura.
Pero quizá la pérdida más profunda es intangible: credibilidad. La política exige responsabilidad, especialmente en contextos frágiles. Provocar una crisis cuando el país ya está polarizado transmite inmadurez y una peligrosa priorización del interés electoral inmediato. Las consecuencias suelen seguir un patrón conocido: postergación de inversiones, volatilidad financiera y desaceleración del crecimiento. Y, como siempre, el golpe final no lo recibe el poder, sino la ciudadanía.
Porque en el Perú la crisis política nunca es un debate abstracto. La incertidumbre se traduce en menos empleo, menor inversión social y mayor pobreza. Tiene rostro y territorio. Golpea con más fuerza a quienes no tienen margen para resistir meses de parálisis económica o de deterioro institucional.
Además, la coyuntura abre espacio para una recomposición de la izquierda radical representada por Perú Libre y por la candidatura de López Chau con el riesgo de reeditar dinámicas que el país ya vivió durante el gobierno de Pedro Castillo: confrontación permanente, conflicto entre poderes y cuestionamientos reiterados a la arquitectura democrática. Y junto a ello aparece un riesgo adicional: el terreno fértil para instalar, antes de tiempo, la sospecha sobre la limpieza del proceso electoral de 2026. La erosión preventiva de legitimidad es una de las amenazas más graves para cualquier democracia.
El balance es contundente: pierde López Aliaga en capital político, pierde el país en estabilidad económica y pierde el sistema en cohesión institucional. Los únicos beneficiados son los extremos ideológicos que crecen en el caos y los sectores burocráticos progresistas que prosperan cuando el Estado se debilita y la gobernabilidad se fragmenta.
El Perú necesita liderazgo responsable y visión de largo plazo. La política no puede seguir siendo un juego de cálculo inmediato cuando lo que está en disputa es la estabilidad institucional y el desarrollo nacional. En tiempos como estos, la pregunta no es quién gana una votación: es quién se hace cargo del país que queda después.