La pregunta es inevitable y legítima: ¿se mantendrá el compromiso de culminar proyectos ahora que ha habido cambio de gobierno? La experiencia peruana invita al escepticismo. Cada transición trae consigo nuevos equipos, nuevas prioridades y, muchas veces, la tentación de marcar distancia con lo avanzado por la gestión anterior.
El acuerdo impulsado desde el Ministerio de Economía y Finanzas junto a la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú apuntaba a un objetivo razonable: priorizar la culminación de obras antes que iniciar nuevos proyectos sin financiamiento asegurado. Sin embargo, la sostenibilidad de esa estrategia dependerá menos de los discursos y más de la voluntad política del nuevo Ejecutivo para sostener una línea técnica y fiscal responsable.
El Perú arrastra una cultura política marcada por el “borrón y cuenta nueva”. En cada relevo gubernamental se revisan contratos, se paralizan decisiones y se reordenan prioridades. A veces con justificación; otras, por cálculo político. El riesgo es que la continuidad de obras que requiere disciplina y constancia quede relegada frente a la urgencia de lanzar nuevas iniciativas que permitan al nuevo gobierno mostrar resultados propios.
No olvidemos el contexto: más de 12 mil proyectos presentan problemas de financiamiento y la gran mayoría corresponde a gobiernos locales. Esa realidad no cambia con el cambio de mando. Las escuelas inconclusas, los sistemas de agua paralizados y los centros de salud sin terminar no distinguen colores políticos. Son necesidades urgentes que impactan directamente en la calidad de vida de la población.
Si el nuevo gobierno decide respetar la priorización de obras en ejecución, estaría enviando una señal de madurez institucional. Significaría reconocer que el Estado es uno solo y que la responsabilidad fiscal no puede depender del calendario electoral. En cambio, si opta por reiniciar el ciclo de anuncios sin respaldo presupuestal, el país volverá al mismo círculo vicioso: proyectos inconclusos, recursos inmovilizados y ciudadanos frustrados.
Aquí también hay una cuota de responsabilidad de los gobiernos regionales y municipales. No basta con exigir transferencias; deben fortalecer su capacidad de gestión, mejorar la formulación de expedientes técnicos y garantizar transparencia en la ejecución. La descentralización fiscal solo es sostenible si va acompañada de eficiencia y rendición de cuentas.
La continuidad no debería ser vista como herencia incómoda, sino como obligación ética. Cada obra paralizada representa recursos públicos ya invertidos y expectativas ciudadanas comprometidas. Abandonarlas o postergarlas por razones políticas sería un grave error.
¿Se cumplirá entonces? Dependerá de si el nuevo gobierno entiende que culminar lo empezado no resta protagonismo, sino que construye credibilidad. La estabilidad de la inversión pública es un mensaje potente para la economía, para los gobiernos subnacionales y, sobre todo, para las familias que esperan servicios básicos funcionando.
El desafío está planteado. La ciudadanía, cada vez más crítica, no evaluará al nuevo Ejecutivo por la cantidad de anuncios, sino por la cantidad de obras que realmente entren en operación. Y en esa medida, la continuidad dejará de ser promesa para convertirse o no en prueba de gobernabilidad.