El reciente informe de la Contraloría General de la República que señala presuntas responsabilidades penales contra cuatro servidores de la Red de Salud Pacífico Sur no es un hecho menor ni un trámite administrativo más. Es una llamada de atención severa sobre cómo se están gestionando los recursos destinados a la salud de miles de ciudadanos en nuestra provincia.
Según el Informe de Control Específico N.° 020-2025-2-0830, los funcionarios habrían favorecido a determinados postores en dos procedimientos de selección realizados en 2024 para el mantenimiento de establecimientos de salud en Casma y Nuevo Chimbote. El órgano de control advierte que no se admitieron ofertas con criterios no acordes a las bases integradas y que, finalmente, se adjudicaron las buenas pro a propuestas económicas más altas, restringiendo la posibilidad de acceder a mejores condiciones para la entidad y afectando el correcto uso de los recursos públicos.
No se trata solamente de cifras. Detrás de cada sol invertido en mantenimiento hay techos que no deben filtrar, consultorios que deben estar en condiciones dignas, equipos que requieren espacios adecuados y, sobre todo, pacientes que esperan atención segura. Cuando un proceso de contratación se direcciona si así lo determina finalmente la justicia el perjuicio no es abstracto: impacta directamente en la calidad del servicio que recibe la población.
La Red de Salud Pacífico Sur depende de la Dirección Regional de Salud de Áncash, por lo que este caso también interpela a la gestión regional. La supervisión interna no puede ser una formalidad. Si cuatro servidores habrían actuado vulnerando principios de legalidad, transparencia y libre competencia, corresponde no solo deslindar responsabilidades individuales, sino revisar los mecanismos de control institucional que permitieron que estos hechos ocurrieran.
La Contraloría ha solicitado que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción inicie las acciones penales correspondientes. Ese paso es fundamental. En un contexto donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas es alta, dejar pasar este tipo de situaciones sin consecuencias claras solo profundizaría el descrédito.
Sin embargo, es importante mantener prudencia. La presunción de inocencia debe respetarse. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar si efectivamente existió delito. Pero la gravedad de las observaciones obliga a una reacción firme y transparente por parte de las autoridades competentes.
Este caso también deja una lección más amplia: la contratación pública en el sector salud no puede ser terreno de intereses particulares. Cada proceso debe garantizar igualdad de oportunidades, competencia real y la búsqueda del mejor valor para el Estado. No es un simple procedimiento administrativo; es una responsabilidad ética.
Hoy más que nunca, la ciudadanía exige claridad. La Diresa y la Red de Salud Pacífico Sur deben informar qué medidas correctivas adoptarán para evitar que situaciones similares se repitan. La transparencia no es opcional; es una obligación.
La salud pública no puede estar bajo sospecha. Si hubo irregularidades, que se sancionen. Y si no las hubo, que se esclarezca con rapidez. Lo que no se puede permitir es la indiferencia. Porque cuando fallan los controles en el sector salud, quienes terminan pagando el precio son los ciudadanos.