Lo que ocurre en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote (DPA) no es un simple conflicto contractual. Es, en realidad, la evidencia de que el Gobierno Regional de Áncash perdió autoridad —o nunca la ejerció con firmeza— sobre una infraestructura pública estratégica para la pesca artesanal de nuestra ciudad.
El convenio fue claro: dos años de vigencia. No cuatro, no indefinido. Dos años. Ese documento fue firmado por las partes, con obligaciones y plazos establecidos. Cuando el gobierno regional decidió resolverlo y, además, cuando el plazo contractual llegó a su fin el último día hábil de septiembre de 2025, correspondía la entrega inmediata del desembarcadero. Así funciona el Estado de derecho. Así debería funcionar. Pero no ocurrió.
La asociación que administra el DPA no se quiere retirar. Apela a arbitrajes, a notificaciones cuestionadas, a supuestas confusiones en la firma del contrato. Argumentos legales pueden existir, por supuesto. Nadie niega el derecho a la defensa. Sin embargo, mientras se discute en el papel, en la práctica la infraestructura pública sigue bajo control de quienes ya no tendrían título vigente para ocuparla. Y esa es la parte más grave: la ausencia de autoridad efectiva.
Si el gobierno regional resolvió el convenio, debía estar preparado para ejecutar esa decisión. No basta con emitir una resolución y enviarla por mesa de partes. Gobernar implica hacer cumplir lo que se firma. De lo contrario, el mensaje que se transmite es peligroso: que las decisiones del Estado pueden ser ignoradas si se dilatan con recursos y formalismos.
Aún más preocupante es la actitud de la funcionaria local del Gore Áncash, la directora de la Dirección Regional de Producción (Direpro), Olivia Mercedes Longobardi Huamán. Señalar que “no tiene nada que ver” porque el convenio lo firmó el gobierno regional y no su despacho puede ser técnicamente defendible, pero políticamente resulta insostenible.
La Direpro tiene entre sus funciones fiscalizar los desembarcaderos artesanales. No puede mirar a otro lado cuando en el principal DPA de Chimbote se produce un conflicto que afecta la administración de un bien público. No se trata solo de quién firmó el convenio; se trata de quién ejerce presencia, supervisión y liderazgo en el territorio. Y en ese plano, lavarse las manos no es una opción responsable.
El DPA no es propiedad de una asociación, ni de un grupo de dirigentes, ni de un abogado. Es una infraestructura pública destinada a servir a la pesca artesanal y, en consecuencia, al desarrollo económico local. Cuando se pierde el control institucional sobre un espacio así, lo que se debilita no es solo un contrato: se erosiona la confianza ciudadana en las autoridades.
Hoy la pregunta no es si hubo un error en la notificación o si el arbitraje prosperará. La pregunta es más profunda: ¿quién gobierna realmente el Desembarcadero Artesanal de Chimbote? Porque si una resolución regional no se cumple y la funcionaria competente se desmarca, entonces el problema no es legal. Es de autoridad. Y sin autoridad, el Estado se vuelve una figura decorativa.