Por: WALTER MIGUEL QUITO REVELLO
Sí, Baltazar es presidente constitucional. Juró conforme a ley. Fue elegido con los votos requeridos. El procedimiento se cumplió. Y, sin embargo, el problema no desaparece repitiendo la palabra “constitucional”. Porque legalidad no es lo mismo que legitimidad. Y lo que hoy tiene el país es un presidente elegido por negociación parlamentaria, no por mandato popular directo. Un jefe de Estado nacido de la aritmética congresal en un Congreso que arrastra uno de los niveles más bajos de aprobación ciudadana. Eso no es ilegal. Pero tampoco es saludable.
Esta crisis no empezó con Baltazar. Se fue construyendo. El Tribunal Constitucional, mediante interpretaciones expansivas, consolidó un modelo donde la “incapacidad moral permanente” se convirtió en una herramienta política flexible. Ochenta y siete votos bastan para remover a un presidente. Sin estándares claros. Sin parámetros definidos. Sin límites estrictos. La vacancia dejó de ser una medida excepcional para transformarse en amenaza permanente. Al mismo tiempo, la cuestión de confianza fue reducida por interpretación, sin una reforma constitucional formal. Es decir, se alteró el equilibrio de poderes sin seguir el procedimiento que la propia Constitución exige para cambiar sus reglas. El resultado es un presidencialismo debilitado y un Congreso hipertrofiado. Un sistema donde el Ejecutivo depende menos del voto ciudadano y más del humor parlamentario.
Hoy el Congreso concentra poder real: puede vacar presidentes; puede elegir sucesores; puede nombrar magistrados del Tribunal Constitucional; puede redefinir el equilibrio institucional. Lo que no puede es exhibir legitimidad social sólida. La mayoría de sus integrantes carga cuestionamientos políticos, investigaciones o antecedentes controvertidos. No todos tienen condenas, pero el descrédito es transversal. Es el órgano más poderoso del sistema… y uno de los menos confiables ante la ciudadanía. Esa contradicción es la raíz del problema actual.
Durante años, la vacancia fue celebrada como instrumento de control político. Si el presidente no gustaba, si incomodaba o si estorbaba, se activaba el botón constitucional. Hoy vivimos el resultado acumulado: presidentes transitorios; gobiernos débiles; instituciones erosionadas; una ciudadanía que ya no se sorprende. Y cuando la arquitectura institucional produce un resultado incómodo para algunos de sus impulsores, aparece el discurso de defensa de la estabilidad. Pero la estabilidad no es selectiva. No se invoca solo cuando conviene.
Este no es un fenómeno limeño ni abstracto. Se vota desde las regiones. Los cinco congresistas elegidos por Áncash formaron parte del mismo Congreso que permitió esta elección: Lady Mercedes Camones Soriano (Alianza para el Progreso); Kelly Roxana Portalatino Ávalos (Perú Libre); Nilza Merly Chacón Trujillo (Fuerza Popular); Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular); Elías Marcial Varas Meléndez (Perú Libre / Juntos por el Perú). Cada uno con voto propio. Cada uno con responsabilidad política. No son comentaristas del proceso. Son actores del mismo. Podrán invocar el secreto del voto. Es constitucional. Es válido. Pero el secreto protege la libertad parlamentaria; no elimina la obligación de rendir cuentas ante el electorado. Áncash no eligió representantes para que sean piezas silenciosas en negociaciones nacionales opacas. Los eligió para defender intereses regionales con transparencia y coherencia. Si respaldaron la elección, que lo expliquen. Si la rechazaron, que lo sostengan públicamente. Si fue una decisión estratégica, que la argumenten. El silencio no es neutralidad. Es cálculo.
Lo más delicado es que varios de estos congresistas ya están en modo campaña. Aspiran a continuidad, reposicionamiento o reelección. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿Con qué discurso se pedirá respaldo ciudadano cuando se ha sido parte del Congreso que rediseñó el equilibrio institucional del país y profundizó la inestabilidad? No se puede hacer campaña como si se hubiera sido un espectador crítico. Fueron parte del sistema que hoy produce presidentes sin respaldo popular directo y Congresos con poder ampliado. No es una acusación penal. Es responsabilidad política.
Baltazar puede ser constitucional. Nadie discute el procedimiento. Pero su origen político no está en las urnas ciudadanas sino en la correlación interna del Parlamento. Eso genera una distancia simbólica con la población. Y lo más grave es que el país parece haberse acostumbrado. No hay marchas masivas. No hay terremoto financiero. No hay estallido institucional. Hay resignación. Y cuando la resignación sustituye a la indignación, la democracia empieza a funcionar en modo supervivencia.
El problema no es solo quién ocupa Palacio. Es cómo se ha rediseñado el sistema para que el poder real se concentre en una institución cuestionada y respaldada por una legitimidad social débil. El Tribunal Constitucional consolidó interpretaciones que ampliaron el margen de acción del Congreso. El Congreso utilizó esas herramientas para reforzar su centralidad política. Las regiones, a través de sus representantes, participaron de esa arquitectura. Y ahora el país observa el resultado. No es un accidente. Es una construcción acumulativa. La democracia no se desploma de un día para otro. Se erosiona gradualmente, voto a voto, interpretación tras interpretación. Y cuando quienes ayudaron a construir el edificio se sorprenden por la forma que ha tomado, la sorpresa ya no convence. La coherencia será el verdadero examen. Y el electorado —también en Áncash— tendrá la última palabra.