El fin de la persecución “Fantasma”:
NUEVO CHIMBOTE. El sistema de justicia a veces parece operar como un arma de alquiler. Durante meses, la empresa pesquera Colpex International SAC y sus directivos, Milos Lazarevic e Yvonne Alcázar Mostacero, han sido blanco de una cacería fiscal por lavado de activos basada en una prueba insólita: la denuncia de un “fantasma”. Hoy, la Disposición N°06, emitida el 20 de febrero de 2026, ha puesto un alto definitivo a este atropello ordenando el archivo del caso.
Sin embargo, en los pasillos del Ministerio Público del Santa queda una pregunta flotando: ¿Se atreverá la Procuraduría a apelar este archivo para defender una mentira documental? ¿Intentará el Fiscal Superior cruzar nuevamente la línea de la legalidad?.
La anatomía de una denuncia prefabricada
La historia de este expediente (N°3106015700-2024-12-0) es el manual perfecto de cómo instrumentalizar el Ministerio Público para el sabotaje corporativo. Todo inició con un correo electrónico (carlosaburto889@gmail.com) enviado por un supuesto “Mariano Osorio Liñán”. A partir de ese simple mail, se activó la maquinaria estatal.
El problema es que la Policía Nacional (DIRILA PNP) descubrió rápidamente que “Mariano Osorio Liñán” no existe. No figura en RENIEC y el DNI que utilizó pertenece a un tercero que nada tiene que ver con los hechos. Era, a todas luces, un seudónimo creado para atacar a una empresa con décadas de trayectoria formal en la exportación de aceite de pescado, hechos que ya habían sido investigados y archivados hasta por tres fiscalías distintas, e incluso descartados por el Equipo Especial Odebrecht.
A pesar de esta evidencia aplastante de fraude, en su momento el Fiscal Superior Víctor Augusto Meza Torres forzó la reapertura de la investigación, anulando archivos previos y obligando a investigar “a ciegas”.
El freno a la arbitrariedad: La Disposición N°06
Afortunadamente, el Fiscal Provincial Titular Dionicio Chinchay Valverde ha devuelto la cordura al proceso. Mediante la Disposición N°06, resolvió que “no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria” y ordenó archivar definitivamente los actuados.
El argumento central del fiscal Chinchay es un golpe directo a las malas prácticas: el principio de “interdicción de la arbitrariedad”. En su resolución, subraya que las funciones del Ministerio Público “no pueden ser ejercidas de modo arbitrario, irrazonable, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales”. El mensaje es claro: la fiscalía no puede ser la mesa de partes de mafiascomerciales que usan identidades falsas para quebrar competidores.
La advertencia final: El límite entre el celo funcional y el Prevaricato
Con la notificación del archivo definitivo, la pelota está ahora en la cancha de la Procuraduría Pública de Lavado de Activos, quien tiene la facultad legal de solicitar la elevación de actuados para que el Fiscal Superior revise el caso una vez más.
Aquí es donde la situación deja de ser un mero trámite administrativo y se convierte en un campo minado legal. Si la Procuraduría decide apelar la Disposición N°06, tendría que explicarle al país (y a los órganos de control) por qué el Estado peruano gasta recursos públicos en defender los intereses de un denunciante que no existe. Insistir en la elevación de un expediente cuya génesis es un fraude comprobado policialmente, ya no es celo funcional; es complicidad con un acto ilícito.
Si la Procuraduría decide apelar la Disposición N° 06, no solo estaría defendiendo un fraude, sino exponiendo a sus propios abogados. Fuentes de la defensa técnica advirtieron que un acto de esta naturaleza activará de inmediato una queja ante la Procuraduría General del Estado (PGE) por inconducta funcional, pues la labor del Estado es defender la legalidad, no servir de abogado de oficio para fantasmas creados por la competencia desleal.
Por otro lado, si el caso llegase nuevamente a manos del Fiscal Superior Meza Torres, el escenario sería crítico. Volver a anular un archivo fundamentado para darle oxígeno a una denuncia “fantasma”, cruzaría definitivamente la línea hacia el delito de prevaricato.
Fuentes legales advierten que los expedientes ya están listos para ser presentados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Quien firme un documento intentando revivir esta farsa, no solo estará avalando el fraude y la competencia desleal, sino que estará poniendo su propia carrera y libertad en juego.
El caso Colpex ha sido archivado conforme a ley. Revivir a un muerto legal es imposible; intentar revivir a un fantasma, es un delito. Las autoridades tienen la palabra, pero, sobre todo, tienen la advertencia.