Los contratos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) nacieron como una alternativa para destrabar grandes proyectos de infraestructura, acelerar procesos y reducir los márgenes de corrupción en comparación con los mecanismos tradicionales. Sin embargo, en el Perú esta figura se ha convertido en motivo de cuestionamiento público debido a las cláusulas de confidencialidad que impiden conocer detalles esenciales sobre costos, adendas y condiciones contractuales.
El debate no es menor. Cuando se trata de hospitales, colegios, carreteras o sistemas de drenaje, estamos hablando de miles de millones de soles provenientes del bolsillo de todos los peruanos. Por ello, resulta preocupante que bajo el argumento de la “confidencialidad” se limite el acceso a información que debería ser pública por naturaleza. La transparencia no puede ser un privilegio; debe ser una obligación.
En el Congreso de la República existe actualmente un dictamen que propone abrir estos contratos y eliminar o regular estrictamente las cláusulas confidenciales en los convenios G2G, así como en las Asociaciones Público-Privadas (APP) y en las Obras por Impuestos (OXI). Esta iniciativa, que aún espera su debate en el pleno, responde a una creciente preocupación ciudadana sobre el incremento de costos en diversas obras públicas.
Uno de los puntos más sensibles es la aparente sobrevaloración de proyectos hospitalarios. Se ha señalado que establecimientos que inicialmente se proyectaban con una inversión determinada terminan costando el doble o incluso más. Sin información clara y detallada, resulta imposible determinar si esos incrementos obedecen a mejoras técnicas justificadas o a decisiones administrativas cuestionables.
El problema no es la modalidad en sí misma. El mecanismo G2G ha demostrado ser eficiente en algunos casos, especialmente cuando se requiere asistencia técnica especializada y estándares internacionales. El verdadero riesgo radica en el uso indiscriminado de cláusulas que blindan la información y reducen la fiscalización ciudadana, parlamentaria y mediática.
En un país golpeado históricamente por la corrupción en la obra pública, cerrar el acceso a los contratos genera más sospechas que certezas. La transparencia es el mejor antídoto contra la desconfianza. Si los contratos están bien estructurados, si los costos están debidamente sustentados y si las decisiones técnicas son coherentes, no debería existir temor alguno a que la información sea pública.
Además, el principio constitucional de publicidad de los actos del Estado establece que toda gestión pública debe ser accesible, salvo excepciones estrictamente justificadas por razones de seguridad nacional u otros intereses claramente definidos. La construcción de hospitales o colegios no encaja, en principio, en esas excepciones.
El país necesita infraestructura moderna y eficiente, pero también necesita instituciones sólidas y transparentes. No se trata de paralizar obras ni de descalificar automáticamente todos los contratos Gobierno a Gobierno. Se trata de garantizar que cada sol invertido responda a criterios técnicos y no a intereses ocultos.
El Congreso tiene ahora la responsabilidad de debatir con seriedad el dictamen pendiente. La ciudadanía merece saber cómo se negocian y ejecutan los grandes proyectos nacionales. Porque cuando la información se oculta, la sospecha crece. Y cuando la sospecha crece, la confianza en el Estado se debilita.
La transparencia no puede seguir siendo una cláusula opcional. Debe ser la regla.