La falla registrada en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha vuelto a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad del sistema energético nacional. La interrupción del suministro de gas natural ha obligado a establecer un mecanismo de racionamiento que afecta directamente al sector transporte, especialmente a miles de conductores que dependen del Gas Natural Vehicular (GNV) para trabajar y conforme pasen los días la situación se agudiza. Sin embargo, más allá de las colas en los grifos y el malestar ciudadano, el problema de fondo es estructural: ¿estamos preparados para enfrentar contingencias en un servicio diríamos vital?
El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, declaró el estado de emergencia para facilitar la pronta reparación del ducto dañado. Se ha priorizado, como corresponde, el abastecimiento a los consumidores residenciales y comerciales, protegiendo así a la vasta red domiciliaria que llega a múltiples ciudades del país. Esta decisión es correcta. El gas natural en los hogares no solo garantiza la preparación de alimentos, sino que también sostiene actividades comerciales esenciales. Afectar ese suministro sería social y políticamente insostenible.
No obstante, el hecho de que una sola falla técnica genere un efecto dominó en el transporte revela una peligrosa dependencia de un sistema que carece de redundancias efectivas. Si bien existen protocolos que establecen prioridades hogares primero, luego servicios esenciales y finalmente sectores no críticos, la pregunta inevitable es si el país cuenta con un verdadero plan de contingencia integral o simplemente reacciona ante la crisis.
Se ha mencionado la posibilidad de contratar un buque de gas que descargue en el Callao en caso de que la reparación se prolongue. Esta alternativa podría funcionar como medida paliativa, pero no deja de ser una solución temporal y costosa. Un verdadero “Plan B” debería incluir infraestructura de respaldo, almacenamiento estratégico suficiente y rutas alternativas de transporte que permitan mantener niveles mínimos de operación sin paralizar sectores productivos.
El caso también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la supervisión técnica y la inversión en mantenimiento preventivo. El ducto afectado atraviesa zonas geográficas complejas y expuestas a factores climáticos adversos. En ese contexto, la prevención no puede ser secundaria. Las concesiones de infraestructura energética deben contemplar estándares rigurosos de monitoreo, respuesta rápida y comunicación transparente.
Por otro lado, resulta fundamental evitar la especulación en los precios de combustibles alternativos. Las autoridades regulatorias tienen la responsabilidad de fiscalizar y sancionar cualquier intento de aprovechar la coyuntura para incrementar tarifas de manera injustificada. En una emergencia, la solidaridad institucional debe primar sobre el lucro oportunista.
La crisis actual no debe analizarse solo como un incidente técnico, sino como una oportunidad para revisar el modelo de seguridad energética del país. La masificación del gas natural ha sido uno de los logros más importantes de las últimas décadas, pero su consolidación exige planificación estratégica a largo plazo. No basta con expandir redes; es indispensable garantizar su resiliencia.
La prioridad en el suministro domiciliario es incuestionable y debe mantenerse firme. Pero la lección es clara: un sistema energético moderno no puede depender de una sola línea crítica sin respaldo suficiente. Si el “Plan B” es alquilar un buque cuando ocurre la emergencia, entonces aún estamos reaccionando, no anticipándonos. El país necesita políticas de previsión, inversión sostenida y una verdadera cultura de gestión de riesgos para que una falla puntual no se convierta en una crisis nacional.