En muchas ocasiones la sociedad solo recuerda a los bomberos cuando ocurre una tragedia: un incendio, un accidente de tránsito, una inundación o cualquier emergencia que pone en riesgo la vida de las personas. Sin embargo, cuando la emergencia termina y las sirenas se apagan, la realidad que viven estos hombres y mujeres vuelve a quedar en silencio. Hoy, ese silencio se refleja en una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién ayuda a los bomberos?
La situación que atraviesa la compañía Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la ciudad de Chimbote, particularmente la histórica Compañía Salvadora 33, revela un problema que no es nuevo, pero que sigue siendo ignorado. Su infraestructura, construida hace más de cinco décadas, presenta serios riesgos estructurales. Informes técnicos advierten incluso la posibilidad de colapso en determinadas áreas del local, recomendando evaluaciones especializadas y medidas urgentes para garantizar la seguridad.
La gravedad del problema no es menor. Se trata del mismo lugar desde donde los bomberos organizan la respuesta a incendios, rescates, emergencias médicas y desastres naturales. Es decir, el espacio donde se preparan para salvar vidas podría convertirse, paradójicamente, en una trampa mortal para ellos mismos.
Lo más preocupante es la indiferencia. Los oficios enviados a diferentes instituciones públicas y privadas no han tenido respuesta efectiva. Ni el apoyo técnico ni el económico han llegado con la urgencia que la situación requiere. Esta actitud revela una peligrosa desconexión entre el discurso de apoyo a los bomberos y las acciones concretas que deberían respaldarlos.
Los bomberos en el Perú trabajan bajo un sistema de voluntariado. No reciben sueldos por las largas horas de servicio, por las madrugadas en las que deben acudir a emergencias o por los riesgos que asumen en cada intervención. A pesar de ello, mantienen un compromiso inquebrantable con la ciudadanía. Lo mínimo que debería ofrecerles el Estado y la sociedad es garantizar condiciones dignas y seguras para que puedan cumplir su labor.
En este caso específico, ni siquiera se está solicitando una inversión millonaria inmediata. El pedido actual es mucho más básico: financiar los costos de una evaluación estructural que permita determinar con precisión el estado del local. Una cifra relativamente pequeña frente al enorme valor del servicio que prestan a la comunidad.
La responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. También corresponde a las empresas privadas asumir un rol activo. Hoy en día se habla mucho de responsabilidad social empresarial, de compromisos con la comunidad y de participación en el desarrollo local. Este es el momento de demostrar que esos conceptos no son solo parte de discursos o campañas publicitarias.
Los bomberos no distinguen entre ricos y pobres cuando atienden una emergencia. Acuden a cualquier llamado, sin preguntar quién pagará los costos o si recibirán algún reconocimiento. Por ello, resulta contradictorio que cuando ellos necesitan ayuda, la respuesta sea el silencio.
La historia de Chimbote demuestra que en momentos difíciles la solidaridad siempre ha sido una de sus mayores fortalezas. Hoy esa solidaridad debe volver a manifestarse. No se trata solo de apoyar a una institución; se trata de proteger a quienes están dispuestos a arriesgar su vida por los demás.
Si permitimos que la precariedad continúe, el día que ocurra una emergencia mayor podríamos lamentar no solo la falta de infraestructura adecuada, sino también haber ignorado una advertencia que ya estaba sobre la mesa.
Porque al final, la pregunta sigue siendo la misma: si los bomberos siempre están listos para ayudarnos, ¿por qué nosotros no estamos listos para ayudarlos a ellos?