El reloj institucional avanza y la quincena de abril se perfila como una fecha clave y determinante para el futuro de la Universidad San Pedro. No se trata de un plazo más en medio de trámites burocráticos; estamos frente a un momento que puede marcar el inicio de la recuperación o la prolongación de una crisis que ya ha golpeado duramente a miles de estudiantes, docentes y trabajadores.
La promulgación de la Ley N.º 32494 sobre universidades asociativas abrió una puerta legal que muchos consideraban cerrada. Ahora, con el reglamento en su fase final de revisión, el siguiente paso es la conformación de la comisión excepcional que deberá asumir la conducción de la universidad. Esa comisión no es un simple órgano administrativo: representa la posibilidad real de reordenar, auditar y encaminar institucionalmente a una casa superior de estudios que fue durante años un referente en la región.
Sin embargo, no basta con que el decreto supremo se publique, dicho reglamento. Lo verdaderamente trascendental será la voluntad política y técnica para ejecutar la norma con firmeza y transparencia. La comisión excepcional deberá actuar con independencia, pero también con responsabilidad. Su tarea será compleja: revisar la situación académica, financiera y administrativa, establecer responsabilidades y, sobre todo, devolver confianza a la comunidad universitaria.
La incertidumbre ha sido el peor enemigo en todo este proceso. Estudiantes que no saben si su título tendrá respaldo, docentes que viven en la inestabilidad laboral. Por ello, esta fecha no es solo un hito legal, sino un punto de inflexión emocional y social para toda la región.
También es importante recordar que cualquier intento de resistencia o atrincheramiento solo agravaría la crisis. La ley es clara y debe cumplirse. Las instituciones del Estado, desde el Ministerio de Educación hasta la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, tienen la obligación de garantizar que el proceso se desarrolle dentro del marco normativo. La universidad no puede seguir siendo rehén de disputas internas ni de intereses particulares.
La comisión excepcional deberá entender que su rol es por dos años, sino sentar las bases para la reconstrucción institucional. Transparencia en las auditorías, rendición de cuentas pública y diálogo permanente con la comunidad universitaria serán elementos esenciales para legitimar su trabajo.
Estamos, entonces, ante días decisivos. La quincena de abril no puede convertirse en una nueva promesa incumplida. Si la comisión se instala y empieza a trabajar con seriedad, podría iniciarse una etapa de transición ordenada que permita, en el mediano plazo, devolverle a la Universidad San Pedro su estabilidad y prestigio.
El futuro de la universidad no depende únicamente de un decreto, sino de la firmeza con que se ejecute. La ciudad, la provincia y la región observa con expectativa. Esta vez, no hay margen para el fracaso.