El anuncio del Gobierno de transferir S/ 224,8 millones adicionales para garantizar el desarrollo de las próximas elecciones representa, en principio, una medida necesaria dentro de un proceso democrático tan complejo como el que afrontará el país en un mes y días en este 2026. Las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales demandan una enorme organización logística, recursos humanos y seguridad, por lo que asegurar financiamiento oportuno es parte fundamental para evitar improvisaciones.
La decisión, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 031-2026-EF, contempla recursos destinados al Jurado Nacional de Elecciones, al Ministerio de Defensa del Perú y al Ministerio del Interior del Perú. Se trata de instituciones que cumplen roles determinantes en el proceso electoral: desde la fiscalización y organización de los comicios hasta la seguridad del material electoral y la protección del orden público durante la jornada de votación.
En teoría, el esquema es claro. El sistema electoral necesita recursos para funcionar con eficiencia, mientras que las fuerzas del orden deben garantizar que millones de ciudadanos puedan acudir a votar sin presiones ni riesgos. Sin embargo, el verdadero debate no se centra únicamente en el monto de dinero asignado, sino en la confianza ciudadana en el sistema electoral y en las instituciones que lo administran.
No es un secreto que el país atraviesa desde hace varios años una etapa de fuerte desconfianza política. La polarización, los cuestionamientos a los procesos electorales anteriores y la debilidad institucional han generado un clima en el que cada decisión vinculada a elecciones es observada con lupa por la opinión pública. En ese contexto, transferir recursos es solo una parte del desafío; la otra, y quizás la más importante, es garantizar transparencia y credibilidad en cada etapa del proceso.
Los más de S/ 224 millones anunciados ahora se suman a otros montos aprobados previamente para el sistema electoral. Esto evidencia que el Estado está destinando recursos significativos para el proceso democrático. No obstante, también obliga a exigir una administración rigurosa de estos fondos. Cada sol invertido debe reflejarse en mejoras concretas en logística, fiscalización, capacitación electoral y supervisión.
Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional debe limitarse estrictamente al rol que la Constitución les asigna: resguardar el proceso electoral sin interferir en la voluntad popular. Su presencia es necesaria para mantener el orden, especialmente en zonas alejadas o de difícil acceso, pero siempre dentro de un marco de neutralidad absoluta.
La democracia no se sostiene únicamente con presupuestos ni con decretos supremos. Se sostiene con instituciones sólidas, procesos transparentes y ciudadanos que confían en que su voto será respetado. Por eso, el desafío para las autoridades no termina con la transferencia de recursos; recién empieza.
Las elecciones del 2026 serán una prueba clave para la estabilidad política del país. Si se desarrollan con transparencia, eficiencia y legitimidad, podrían convertirse en una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática. Pero si los recursos no se manejan con responsabilidad o si surgen dudas sobre la limpieza del proceso, el efecto podría ser exactamente el contrario.
En democracia, el dinero ayuda a organizar elecciones; la confianza ciudadana, en cambio, es la que les da legitimidad. Ese es el verdadero reto que el Estado peruano debe superar.